La organización México Evalúa presentó la octava edición del reporte “Hallazgos”. Mediante él se evaluó el desempeño de nuestro sistema de justicia penal. Los datos generales son preocupantes porque muestran que no hay sistema y los retrasos son enormes. En el estudio de este año hay una novedad en la evaluación de la equidad de género. ¿Qué tanto el sistema de justicia penal amplía las brechas? ¿Qué hace con la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y perpetúa estereotipos, roles y restricciones de acceso a la justicia? En un momento donde todas las autoridades hablan de sus avances en la equidad de género, los datos son importantes. Veamos.
Solo cuatro fiscalías estatales y presidencias de tribunales superiores locales estaban dirigidas por mujeres. El 58.4% de quienes juzgan son hombres y el 41.6% mujeres, mientras que en las fiscalías los porcentajes son del 56.9% y del 43.1%, respectivamente. En cuanto al gasto, ninguno de los ocho programas del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública atiende a la desigualdad de género. En los sueldos de las procuradurías y fiscalías del país, las mujeres ocupan el 58% de los puestos con un ingreso mensual de hasta 5,000 pesos, que se reduce a menos del 45% a partir de un ingreso de 15,000 pesos o más, y llega a sólo un 22% en los puestos con ingresos de más de 70,000 pesos. Vinculado con lo anterior, en el tema de la división sexual del trabajo está presente el sesgo de que las mujeres desempeñen labores de servicio, cuidado y administración, y los hombres cargos que requieran destrezas físicas o conocimientos especializados.
En el estudio de México Evalúa quedan expuestas también diversas condiciones jurídicas sobre las mujeres. El menor reconocimiento de sus derechos en las agencias del Ministerio Público; el limitado registro de lesiones respecto al de los hombres; menores posibilidades de contar con asesoría jurídica; recibir mayor presión y tener menores oportunidades de leer su propia declaración. Las condiciones de detención también son diferentes. Las mujeres son amenazadas con hacerle daño a un familiar en el 62% de los casos y los hombres en el 38%. Trabajando con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en el informe se concluye que el 70.1% de los hombres privados de la libertad lo era por una sentencia, frente al 57.6% de las mujeres. En cuanto a las penas, las de uno a cinco años las enfrentan el 25.1% de los hombres y el 19.3% de las mujeres; las de dieciséis a veinte años el 9.6% de las mujeres, y el 7.7% de los hombres, y las de veintiún años o más al 37% de las mujeres y al 27% de los hombres.
En cuanto a la condición de víctimas del delito, los hombres no denuncian por considerar una pérdida de tiempo, la poca relevancia de los hechos o la calidad de los trámites, y las mujeres por no contar con pruebas, temerle al agresor o la hostilidad de la autoridad. En las reparaciones del daño también se observan diferencias que el sistema pocas veces puede reconocer, ya que los hombres les dan un mayor peso a las afectaciones de tipo económico que las mujeres, y éstas lo hacen con las de carácter psicológico.
Los datos recogidos por México Evalúa se suman a los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de otras organizaciones gubernamentales y civiles. Todos ellos muestran que carecemos de un sistema de justicia penal. Que detrás de tan impresionante término no hay nada que permita hablar de un sistema. Hay esfuerzos aislados y poco más. La terrible condición de las mujeres es, además de un evidente mal en sí mismo, otra muestra palpable de lo deficiente que es nuestro “sistema de justicia penal”.
