Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el informe “Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas”. Se trata de un amplio estudio para mostrar la aplicación y efectividad de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el instrumento internacional que contiene el catálogo de derechos y garantías de las personas mayores. Específicamente, sobre la prohibición de la discriminación por vejez y el disfrute de una vida digna, la seguridad social, el trabajo, la educación, la cultura, la recreación, el esparcimiento y el deporte, entre otros.
El objetivo principal del informe es mostrar la situación de los distintos sistemas nacionales —entre ellos, el mexicano— en cuanto a los avances normativos y operativos para cumplir con los derechos y garantías mencionados. A diferencia de otros trabajos, la CIDH presenta sus datos respecto de cada uno de los derechos y no por cada uno de los países. Esta metodología tiene la ventaja de dar a conocer la condición general de cumplimiento, aun cuando impide averiguar lo que un Estado nacional debe realizar.
Las conclusiones del informe muestran claroscuros. Avances en algunas materias y retrasos en otras. Llama la atención que aun cuando se hable de “sistemas nacionales”, se haga poco énfasis en la estructura y funcionamiento del conjunto de instituciones, normas y competencias necesarias para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo poblacional. Más allá de las particulares condiciones de cumplimiento de cada uno de los derechos, es importante el pronunciamiento sobre la situación de los adultos mayores en nuestra región. El que se afirme que “el edadismo es un problema arraigado culturalmente e invisibilizado que afecta a todos los Estados de las Américas. Los estereotipos y prejuicios negativos, así como de acciones o prácticas discriminatorias contra las personas mayores contribuyen en originar violencia y maltrato, así como múltiples violaciones de sus derechos humanos. Si bien se observan avances mediante la implementación de diversas estrategias por parte de los Estados y la sociedad civil para combatir el edadismo, el cambio cultural demanda a los Estados mantener de modo sostenible los esfuerzos en ese sentido. Es importante abordar el edadismo de forma transversal y bajo un enfoque intergeneracional propio del curso de vida de todas las personas”.
Con esta afirmación, la CIDH trata de cambiar el sentido de la conversación que tenemos respecto de los adultos mayores. Busca pasar de una visión, desde luego importante, sobre los derechos particulares a otra sobre el estatus general de un amplio grupo de la población que está siendo desplazado por un natural cambio generacional, lo que conlleva la inserción de nuevos patrones y silencios. Una cosa es, desde luego, decir que a cierto grupo se le impide ejercer un derecho o disfrutar de determinadas prestaciones a cargo del Estado, y otra considerar que los viejos –por el hecho de serlo— deben quedar marginados de determinados espacios públicos o privados.
El tema de los adultos mayores se ha ido reduciendo entre nosotros a la posibilidad de recibir pensiones económicas. Sin dejar de advertir la relevancia de estos apoyos, lo cierto es que una vida digna —en esa u otras etapas de la vida— requiere de la existencia de instituciones de salud capaces de brindarles su respaldo. Es sobre estos particulares que el informe resulta importante. Nos recuerda la condición en la que vive un número creciente de personas y las vías posibles para mejorarla.
