Diversos medios de comunicación dieron cuenta hace unas semanas de un dato por demás macabro. Que la relación de combatientes asesinados en los enfrentamientos entre los llamados “chapitos” y los “mayitos” eran de dos integrantes del primer grupo por cada uno de los muertos en el segundo. Si esta información es correcta —o al menos aproximada— las luchas entre los grupos armados del otrora unitario “Cártel de Sinaloa” tienen que estar generando una serie de efectos no sólo sobre los combatientes sino, adicionalmente, sobre las poblaciones no inmiscuidas directamente con éstos.
Para exhibir este último tipo de implicaciones supongamos que dentro de un cierto periodo de tiempo los enfrentamientos entre ambos grupos provocan la muerte de 15 “mayitos”. Dada la relación apuntada, alrededor de 30 miembros del grupo de los “chapitos” habrían sido asesinados en combate o mediante otro medio de exterminio. Si la lucha armada entre cárteles rivales se extiende en el tiempo y, las condiciones que posibilitan esa relación no se modifican, es posible predecir que el grupo con mayor número de bajas pronto estará colocado en situación de sobrevivencia. Para salir de ella tendría que, uno, modificar su potencial de fuero, sus tácticas de combate o sus alianzas con las fuerzas de seguridad del Estado o, dos, incrementar la tasa de reemplazo de su personal asesinado. Esta última consideración implica que el grupo armado con mayor número de bajas tiene que —entre otras cosas— incrementar el número de personas que envía a los distintos frentes de batalla para tratar de mantener sus posibilidades de triunfo o, al menos, un cierto equilibrio en la lucha.
El problema a que da lugar la relación entre los muertos de un cártel con respecto a los de sus contrincantes —sean éstos los escindidos de Sinaloa o cualquiera otros— es la obtención de combatientes para mandar a las luchas. Ya no como mera cuestión operativa, sino como condición para su propia existencia. Para existir, la tasa de reemplazo de los muertos tiene que ser, al menos, igual a la de ellos; y para vencer, es necesario que el número de contendientes que envían a sus luchas sea superior a la de los enemigos.
Ante este panorama aparece la pregunta verdaderamente importante: ¿de dónde se obtendrán los reclutas y futuros combatientes? La información con la que contamos nos hace suponer que la fase voluntaria ha concluido o, al menos, se encuentra muy disminuida. Que desde hace tiempo asistimos a reclutamientos, entrenamientos y asignaciones forzadas, evidenciados por los campos de entrenamiento, fosas comunes y tasas crecientes de desapariciones forzadas, así como por los mercenarios traídos desde otras latitudes para reforzar las luchas entre sicariatos.
En tiempo de guerra, los ejércitos nacionales suelen recurrir a la leva. A ese mecanismo de incorporación forzada de personas para ser enviadas a los correspondientes campos de batalla. En los tiempos que corren en México, los cárteles han creado sus propios mecanismos de incorporación de soldados para sus fines particulares de manera violenta e ilegítima. El triunfo de unos grupos sobre otros no pasa únicamente por las ganancias y las pérdidas de elementos en los frentes tanto urbanos como rurales en los que las luchas se están verificando. También pasa por la incorporación a sus estructuras de políticos, agentes de seguridad pública, autoridades administrativas y financieros tanto públicos como privados. Sin embargo y más allá de todos esos elementos, en los momentos actuales, las condiciones de existencia de los cárteles descansan en su presencia militar y ésta, a su vez, en la necesaria y terriblemente violenta tasa de reemplazo que los distintos contendientes tienen que mantener.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio
