Hace unos días se dieron a conocer las respuestas de la Business Roundtable y la U. S. Chamber of Commerce a la solicitud formulada por la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos de América, en relación con la próxima negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Es importante tener en cuenta varios aspectos. El primero, que los generadores de los documentos son dos importantes organizaciones empresariales con influencia en el gobierno y el Congreso de ese país. El segundo, que rindieron sus opiniones a solicitud de esa autoridad comercial, y no motu proprio. El tercero, que esa misma autoridad ya está recopilando las opiniones que le servirán para la negociación que comenzará en julio del próximo año.
El presupuesto común a ambos textos —y supongo que a otros semejantes— es el interés de mantener el T-MEC por su relevancia estructural para la economía estadounidense. Partiendo de esa base, ambos documentos advierten las crecientes dificultades que en México existen en materia de seguridad, clima de inversión y debilitamiento de Estado de derecho. Adicionalmente, las organizaciones proponentes consideran necesario que la Oficina del Representante Comercial introduzca medidas concretas en materia de, por ejemplo, propiedad intelectual, comercio digital, servicios financieros, barreras no arancelarias, servicios de telecomunicaciones, reglas de origen y energía.
En la carta de la U.S. Chamber of Commerce se alude a la reforma judicial mexicana por considerarla un riesgo para el comercio y las inversiones, así como materia de potenciales conflictos por afectar a la independencia judicial. Además, y específicamente en materia impositiva, estima que las recientes reformas a la Ley de Amparo debilitan las defensas de los inversionistas extranjeros en México.
Por su parte, la Business Roundtable apuntó que las reformas judiciales de México enfriarán el clima de inversión en el país, al ser la única nación del mundo en elegir a todos sus jueces mediante voto popular, lo que propiciará que las disputas entre inversionistas privados y el gobierno queden sujetas a consideraciones políticas, en lugar de al Estado de derecho. Por tal motivo, proponen que, para mitigar el riesgo, se restablezca el mecanismo de solución de controversias entre inversionista y Estado (ISDS), a fin de que los inversionistas estadounidenses tengan la opción de resolver sus quejas mediante árbitros independientes y propiciar la reflexión ante la tentación de presionar a los tribunales.
Los planteamientos de esas dos organizaciones —y las que seguramente se sumarán— se mantienen dentro de la exclusiva definición de los mexicanos. Asimismo, y en contrapartida, que las condiciones de renegociación del T-MEC competen a todas las partes involucradas. Es esta tensión la que provocará los apuntes generales sobre las condiciones del Estado de derecho en México, así como sobre la necesidad de sacar de nuestros tribunales la resolución de las disputas que involucren a inversionistas estadounidenses y canadienses. Los discursos soberanistas de cada una de las partes tendrán su peso. Finalmente, y por tratarse de una negociación, las autoridades mexicanas tendrán que determinar qué tanto poder soberano están dispuestas a perder al aceptar que las disputas por ellas provocadas sean resueltas en otras sedes y por entes distintos a su nueva y propia judicatura.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio