En su informe sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional relató que, alrededor de las 4:50 de la mañana, su personal escuchó disparos y visualizó a un vehículo con siete individuos que viajaba a exceso de velocidad, sin placas y con las luces apagadas. En el informe se dice que “al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”, observándose de manera preliminar “una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida”.
La inseguridad y presencia masiva de las fuerzas armadas puede hacernos suponer que se trata de otro episodio entre los muchos que desde hace años vivimos. Sin embargo, lo sucedido en Tamaulipas es el síndrome de la militarización llevada a cabo por López Obrador. La muerte de estos jóvenes caracteriza lo que se ha hecho con los militares. López Obrador no se ha limitado a darle continuidad a lo decidido por otros presidentes, ha hecho cambios cuantitativos y cualitativos de gran escala, tan mal planeados y ejecutados que ha colocado a las fuerzas armadas en un laberinto.
Por una parte, Nuevo Laredo ha demostrado que las operaciones de seguridad pública llevadas a cabo por militares carecen de estrategia y protocolos de actuación. Que la vieja idea del apoyo a las fuerzas civiles se mantiene aun cuando —y en contra de toda lógica— las propias fuerzas armadas realizan directamente esas operaciones. Nuevo Laredo ha puesto de manifiesto la creciente ambigüedad de la relación entre las fuerzas armadas y una sociedad que crecientemente expresa críticas y desconfianza.
Por otra parte, Nuevo Laredo ha evidenciado los efectos de las omisiones de las instancias judiciales para resolver los muchos e importantes juicios que deben definir la condición jurídica de las fuerzas armadas. Al no haberse puesto a discusión las leyes con las que López Obrador pretende acelerar la militarización del país, los cuerpos militares carecen de un marco regulatorio, lo que finalmente confunde y arriesga las actuaciones de sus miembros. También ha quedado de manifiesto la porosidad de los medios disciplinarios que legítimamente pueden aplicarse a los soldados, dada la confusión o protección al procesar a los responsables del asesinato —que no mero abatimiento— de los jóvenes en Tamaulipas.
Lo vivido en Nuevo Laredo no es un hecho aislado. Es el resultado indirecto de las acciones tomadas por el presidente de la República para constituir al Ejército y a la armada en los brazos ejecutores de sus decisiones. En la visión patrimonialista que López Obrador tiene del poder, los soldados y los marinos son los ejecutores de sus deseos transformadores. La excepcionalidad de las actuaciones militares y los acotamientos al fuero de guerra han quedado, si bien no completamente desplazados, sí en una condición endeble que, desde luego, terminará lastimando a las propias fuerzas armadas y a la población entera.
Por lo anterior, cabe preguntarnos: ¿Las fuerzas armadas deben acatar sin más las órdenes presidenciales por el mero hecho de provenir de su comandante supremo? ¿Deben argumentar las excepciones a la obediencia que marca el derecho? ¿Deben cumplimentar las tareas y órdenes recibidas una vez hechos los ajustes internos que los cambios y deseos presidenciales les han impuesto? En la mitología griega, Ariadna logró salir de un laberinto siguiendo el hilo que había tendido. En nuestro presente, éste hilo es la Constitución. Seguir sus prescripciones es el camino para librar los callejones en los que las fuerzas armadas han sido colocadas y han querido colocarse.
Ministro en retiro de la SCJN.
@JRCossio
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