En dos de mis colaboraciones anteriores (13 y 27 de mayo de 2025) utilicé la expresión “dilema de la impunidad” para dar cuenta de la situación en la que se encuentran los titulares del poder público en México. Un momento en el que para contener a quienes actúan en contra del orden jurídico, tendrían que transformar el sistema de procuración y administración de justicia a sabiendas de que las nuevas autoridades actuarán en su contra y pondrán en riesgo su permanencia en el poder. En esas colaboraciones me referí a los fenómenos vinculados con la procuración de justicia y la seguridad pública. Sin embargo, me parece que esa tesis también explica lo que acontece con los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra diversos narcotraficantes mexicanos.
El pasado 11 de julio se celebró la audiencia en la que Ovidio Guzmán López se declaró culpable de diversos delitos y queda a la espera de que resuelvan sobre la pena que le impondrán. Las audiencias de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López están programadas para el 25 de agosto y el 15 de septiembre, respectivamente. Héctor Manuel Avendaño —vinculado con Ismael Zambada— acaba de ser extraditado a Estados Unidos acusado de varios y graves delitos. Además de estas personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, están a la espera de juicio los veintinueve mexicanos que fueron desterrados a Estados Unidos en febrero de este año.
De acuerdo con lo que ha trascendido en los medios y en la información oficial, estas personas están llegando a acuerdos con la justicia estadounidense para reducir sus condenas a cambio de proporcionar información. En los próximos meses las autoridades de procuración de justicia y diversas agencias contarán con testimonios, así como con otros medios de prueba para incriminar a distintas personas. A quienes, conforme a lo declarado, hayan participado directamente en actividades delictivas, ya sea como sicarios, financieros, prestanombres u otras modalidades. A quienes se haya beneficiado del dinero de las delincuencias mediante sobornos o apoyos electorales. A quienes hayan utilizado sus cargos para apoyar a alguna organización o por formar parte de ella.
La situación en las que están las autoridades mexicanas es el resultado de sus propios errores, omisiones y complicidades. Es parte del dilema en el que desde hace muchos años han querido colocarse. Si las autoridades mexicanas hubieran querido y podido procesar a las personas que actualmente están deportadas, radicadas o expulsadas en Estados Unidos, las autoridades de este país difícilmente hubieran podido solicitar o realizar su traslado a su territorio. Ante la eficacia de las actuaciones mexicanas, habrían tenido que conformarse con ver cómo los delincuentes mexicanos compurgaban sus penas en cárceles nacionales.
Sin embargo —y aquí radica la paradoja— las autoridades de México no estaban en posibilidad de perseguir a sus propios nacionales pues, de haberlo hecho, habrían puesto en riesgo las condiciones de ejercicio del poder. Habrían tenido que identificar y procesar a quienes seguramente hubieran buscado beneficios procesales a cambio de delatar a políticos y autoridades mexicanas. De haber procedido conforme a nuestro marco jurídico, habríamos presenciado en nuestro territorio y conforme a nuestras propias leyes, lo que ahora estamos viendo en los tribunales norteamericanos bajo sus propias normas. Las complicidades existentes y las impunidades imperantes nos han llevado a una situación en la que una parte importante del futuro político y jurídico de México se determinarán en Estados Unidos porque nuestras autoridades generaron las condiciones para que así fuera.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio