El jueves de la semana pasada se realizó la muy anunciada llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald J. Trump. Los resultados a los que parece haberse llegado fueron el mantenimiento de las cuotas existentes a ciertos productos mexicanos, la posposición por noventa días de la posible entrada en vigor de nuevos aranceles y la anticipación de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Poco se ha dicho de los comunicados emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la remoción de las “barreras comerciales no arancelarias” (BCNA) que se han acordado con México. Se trata de un asunto de la mayor importancia porque afectará los márgenes de decisión de las autoridades mexicanas sobre diversos asuntos nacionales.
Las BCNA son restricciones comerciales que los gobiernos nacionales establecen para controlar o limitar el flujo de bienes y servicios provenientes de otros países sin recurrir a aranceles. Estas barreras se basan en regulaciones para limitar el flujo de bienes y servicios a través de las fronteras. Ejemplos de ellas son los límites a la inversión extranjera, cuotas de importación, normas técnicas o reglas tanto sanitarias como fitosanitarias.
Cuando el Gobierno estadounidense comunicó el compromiso de México para retirar las BCNA, no se refería al cumplimiento de las disposiciones del T-MEC que ya las prevén de algunas maneras, por ejemplo, consultar con las partes interesadas la emisión de reglas técnicas o basar en evidencia científica las medidas sanitarias y fitosanitarias. En buena medida está aludiendo al programa de trabajo que ha guiado buena parte de las acciones de la segunda administración del presidente Trump, órdenes ejecutivas incluidas.
Me refiero al Project 2025's “Mandate for Leadership: The Conservative Promise”, preparado por la Heritage Foundation. A modo de ejemplo, se establece que el Departamento de Agricultura deberá eliminar las barreras comerciales extranjeras que bloquean el acceso de los productos agrícolas estadounidenses a otros mercados; abrir actividades comerciales a sus agricultores y ganaderos; suprimir las medidas sanitarias y fitosanitarias que restringen la entrada de estos productos en el extranjero; contrarrestar las campañas alarmistas sobre los riesgos de las modificaciones genéticas y quitar los obstáculos sobre la biotecnología agrícola.
A diferencia de lo que muchas personas siguen pensando –y de si se está o no de acuerdo con los acuerdos entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump–, las decisiones que este último está imponiendo a México no son exabruptos ni improvisaciones. Bajo la amenaza de los aranceles logró que el Gobierno de México cambiara su política de seguridad hasta lograr que las grandes decisiones sobre las delincuencias armadas, políticas y financieras, vayan a tomarse en los tribunales estadounidenses. Está logrando también que una parte de la política comercial mexicana se decida en los Estados Unidos, pero además de estos visibles efectos, la última llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald J. Trump parece que abrió una nueva ruta: la de imponer a México la revocación de las BCNA a una importante cantidad de bienes y servicios procedentes de los Estados Unidos. La necesidad de anular o cambiar diversas normas jurídicas mediante las cuales se hayan buscado establecer –para bien o para mal– políticas públicas nacionales con independencia de lo previsto en el T-MEC. Me parece que esta es la letra pequeña de la transcripción de la llamada del jueves pasado.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio
