¿Ir a votar o no? Es una de las preguntas que más me han hecho conforme se acerca el día de la elección judicial. Este llamado “proceso electoral extraordinario” será diferente a cualquier comicio que haya vivido México. El espectáculo que ha representado la aprobación de la reforma y el proselitismo de la interminable lista de candidatos es diferente y también sus consecuencias, aunque anticipadas, están siendo inéditas. Ciertamente, no me propongo aquí responder a la pregunta que me han hecho mis lectores y personas de mi círculo cercano, pues creo que la respuesta es una decisión que debe obedecer a la conciencia de cada persona, conducida, en el mejor de los casos, por su sentido cívico. A mi parecer, las y los mexicanos tenemos tres alternativas frente al proceso. Aquí me propongo analizar cada una de ellas con sus implicaciones y compartir la conclusión a la que he llegado.
La primera, y quizá la más obvia, es ir a votar. A diferencia de otros procesos electorales, poco se ha promovido en este el “voto responsable” o “voto informado”. No es ningún secreto que, al momento de tomar decisiones, la información hace la diferencia. Incluso podemos asociar la no-posesión o desinformación con un riesgo mayor al momento de decidir lo que sea. En una elección esto no es distinto. La historia nos enseña que la información detrás de cada voto acerca o aleja el proceso, y el resultado, del óptimo social, ese punto que representa la mejor alternativa para el país. Esto es completamente diferente a lo que a menudo repite la cacofonía popular de votar por las y los menos malos. Así, el resultado de esta elección se acercará al óptimo social en la medida en que cada votante conozca a las más de 3,000 personas candidatas a alguno de los más de 800 cargos (Werner et al., 2025).
Luego, ir y anular el voto. En términos prácticos, esto se conoce como una protesta activa. Es decir, quien no esté de acuerdo con la Reforma Judicial, podrá ir y expresar su protesta mediante la anulación de su voto. En el caso de que el óptimo social fuera un alto porcentaje de votos nulos, este dependerá de la confianza en el conteo de los mismos. Por primera vez en más de 30 años, no serán los funcionarios de casilla, emanados de la ciudadanía, quienes cuenten los votos, sino personal contratado por el INE. Los resultados del conteo realizado, lejos del ojo público, en las oficinas distritales del INE podrían tardar hasta 12 días en publicarse, lo que pone en duda la efectividad del voto nulo como forma de protesta.
Finalmente, no votar. Aquí vale la pena resaltar la diferencia entre legalidad y legitimidad. Lo que ha dado legalidad o constitucionalidad a este ejercicio es que ha emanado de un proceso de reforma que fue aprobado, aunque de manera cuestionable (Ruiz Massieu Salinas, 2024; Cossío Díaz, 2025; Viñas Maguey, 2024), por el Congreso y está en la Constitución. La legitimidad solo se la puede dar el apoyo popular. Una forma de medir la legitimidad de una elección es mediante el nivel de participación. De aquí que no ir a votar constituya una forma de protesta pasiva. A diferencia del voto nulo, que cuenta como participación y suma a la legitimidad de la elección sin importar el resultado, no ir a votar es la mejor forma de expresar el rechazo popular, de deslegitimar el proceso.
Las consecuencias que ya ha tenido la abrupta aprobación de la Reforma Judicial, junto con la experiencia de otros países que eligen, mediante el voto popular, a quienes tienen el poder de impartir justicia, permiten dimensionar en qué medida este proceso aleja o acerca a México del óptimo social. Primero, la cascada de incertidumbre generada a raíz del avance y posterior aprobación de la Reforma Judicial. La economía mexicana está estancada: no hay nuevas inversiones, la productividad no crece y el peso atraviesa por una falsa estabilidad frente al dólar, además de estar sobrevaluado frente a otras monedas. Sobre la experiencia internacional, está el caso de Bolivia. Como lo ha señalado Santiago Corcuera (2025), la elección popular de las personas impartidoras de justicia termina por politizar una función del Estado que no tendría que ser política. En conclusión, la forma más contundente de protestar contra el despropósito que representa la Reforma Judicial es no ir a votar.
@JosePabloVinasM
