Las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020 serán recordadas por mucho tiempo. Y no solo porque llevó varios días conocer el resultado y por primera vez una mujer, Kamala Harris , fue elegida vicepresidenta, sino también porque, desafiando a todos los que argumentaban que esta promesa era la mejor manera de perder, Joe Biden se comprometió a aumentar los impuestos a las empresas y al 1% más rico de la población desde el inicio de su mandato. Y ganó las elecciones.
Es de esperar que esta victoria marque la toma de conciencia por muchos estadounidenses de que décadas de políticas tributarias que han favorecido a los ricos y poderosos han aumentado la desigualdad de la riqueza a sus niveles más altos desde el decenio de 1960, cuando comenzó a estimarse este dato en los Estados Unidos. Como lo han demostrado los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, los multimillonarios están ahora sujetos a un tipo impositivo efectivo más bajo que la clase trabajadora.
Esto no es una peculiaridad de los Estados Unidos. En las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han reformado sus sistemas tributarios para beneficiar a los más ricos y a las multinacionales. Como resultado de ello, estas últimas pueden declarar legalmente sus utilidades en paraísos fiscales e infravalorar así las que obtienen en países donde los impuestos son elevados, incluso si es allí donde concentran sus actividades. Del mismo modo, los multimillonarios se aprovechan de la falta de transparencia para ocultar en el extranjero activos e ingresos no declarados.
Y acabemos con este mito: el abuso de los impuestos por parte de los más ricos no es marginal, ni es un mal necesario para mantener la economía mundial en funcionamiento. Cada año, el mundo pierde más de 427.000 millones de dólares debido a los abusos fiscales internacionales, como se revela en un nuevo estudio, "El Estado de la Justicia Fiscal 2020", publicado por Tax Justice Network, la Internacional de Servicios Públicos y la Alianza Mundial de Justicia Fiscal. Esto corresponde al 9,2% de los presupuestos sanitarios mundiales, pero en México, donde al menos 1.320 trabajadores de la salud han muerto por el Coronavirus entre marzo y agosto de 2020 debido a la falta de equipo de protección, la pérdida de ingresos tributarios equivale a una cuarta parte del presupuesto de salud, y permitirían pagar a más de 421 mil enfermeras.
La crisis sanitaria ha recordado a todos los gobiernos, incluidos los conservadores, lo esencial que son los servicios públicos. Necesitan invertir más en salud, escuelas e infraestructura, pero también en el apoyo a las empresas, especialmente a las más pequeñas. Y como la cuenta tendrá que ser pagada, necesitamos urgentemente que quienes se están beneficiando del sistema contribuyan a él.
Uno de los primeros pasos debería ser la introducción de impuestos progresivos sobre los servicios digitales de las empresas multinacionales. Irónicamente, los gigantes digitales son los grandes ganadores de la crisis de salud, ya que se benefician de que no necesitan interacción personal con sus clientes. Además, los gobiernos deberían aplicar un impuesto más elevado a las empresas que se encuentran en situación de monopolio u oligopolio, especialmente a las que se han aumentado sus utilidades durante la pandemia, las de los sectores tecnológicos y farmacéutico.
Sobre todo, no debemos sucumbir a las sirenas de los recortes de impuestos que las grandes empresas están pidiendo, alegando que son indispensables para la recuperación. Ya sabemos que , en tiempos normales, no son los impuestos los que impulsan a una empresa a invertir en un país, sino la calidad de la infraestructura y de la mano de obra, el acceso al mercado y la estabilidad política. Además, cuando los proyectos de expansión se ven limitados por la incertidumbre y el exceso de capacidad de las empresas, no son los recortes fiscales los que estimularán la inversión privada.
Por último, es imperativo introducir una tasa mínima efectiva de tributación sobre las empresas de al menos el 25%, como propugnamos en la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional ( ICRICT , por su sigla en inglés). Toda empresa multinacional que registre sus utilidades en un paraíso fiscal sería, por tanto, gravada, en su país de origen a esta tasa mínima. Esto reduciría su interés en transferir sus beneficios a los paraísos fiscales.
La presión en las negociaciones globales sobre cooperación tributaria para fijar esta tasa mínima global en el 12,5%, como quieren países como Irlanda, ha perdido toda justificación. De hecho, alentaría a los países con impuestos más altos a participar en la carrera para bajar los impuestos, reduciendo así sus recursos.
Ya que la administración Biden aboga por un aumento del impuesto a las empresas en Estados Unidos hasta el 28% y una tasa mínima
, ahora le toca a la Unión Europea poner el listón alto. Como estos dos mercados son los más importantes del mundo, ninguna empresa multinacional podrá boicotearlos para evitar este nivel de impuestos. Por consiguiente, la tasa del 25% puede establecerse a nivel mundial, proporcionando a los Estados recursos suficientes para reconstruir sociedades y economías más prósperas, pero también más justas.
José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia y Presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en ingles).
