Es difícil entender las motivaciones del Gobierno Federal en sus políticas públicas. En el Plan Nacional y en los programas sectoriales se señala una cosa y en los hechos se registra una diferente. Con frecuencia inusitada se incurre en discursos llenos de mentiras, errores y descalificaciones. Las contradicciones son frecuentes y junto a esto se cultiva el rencor y se fomenta la polarización. No hay sector que se salve. Lo mismo pasa en la política exterior que en la interior, en la economía que en lo social o la seguridad.
El campo de la educación superior es uno más de los que ejemplifican lo anterior. Se menosprecia lo hecho por las universidades públicas a lo largo de las últimas décadas. Se les acusa sin razón, de plegarse a los designios del neoliberalismo y de ser cómplices, desde el silencio, de actos de corrupción en las estructuras gubernamentales. Se prefirió improvisar con nuevos proyectos sin calidad ni controles, antes que apoyar y reforzar las instituciones existentes. Se descalificó a intelectuales y científicos en vez de apoyarse en ellos para plantear soluciones a los problemas de la sociedad. Se persiguió sin fundamento a grupos de personas honorables y de igual forma, sin razón alguna, se premió y distinguió a los compañeros del grupo y a los que comparten su ideología.
Todo comenzó en el arranque del gobierno, el 12 de diciembre de 2018, cuando en el proyecto de reforma educativa se “olvidó” incluir la fracción VII del artículo tercero de la Constitución relativa a la autonomía universitaria. Tres días después, la primera amenaza de disminuir el subsidio federal a las universidades públicas. Más adelante el proyecto irresponsable de las cien universidades “Benito Juárez” y el de la Universidad de la Salud en la Ciudad de México. El recuento incluye una huelga no atendida por tres meses en la Universidad Autónoma Metropolitana. Igualmente, preocupantes resultan los intentos reiterados de modificar las leyes orgánicas de universidades autónomas, entre otras, las de Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México y Nayarit. Ya lo consiguieron en Sonora y ahora lo intentan en Sinaloa. Hay que sumar también la advertencia a sindicatos universitarios por su demanda de recursos y el patético y deplorable caso del CIDE. Todo esto es solo una muestra parcial de lo sucedido.
La UNAM no ha escapado de la furia del régimen. Por el contrario, ha sido una de las instituciones maltratada de forma reiterada por el presidente. La pretensión de descalificar el trabajo de su comunidad, las ofensas al Rector y la injerencia indebida en los asuntos de la Universidad no se olvidan ni deben dejar de señalarse. Menos, cuando se puede demostrar con datos que ha cumplido cabalmente con su responsabilidad y que mantiene la calidad, el compromiso social y la ética que le caracterizan. En dos ocasiones hemos atestiguado el intento fallido de modificar la Ley Orgánica de la UNAM por diputados del partido gobernante, hecho no visto en 90 años de vida autónoma. Con la más reciente de las intentonas se trastocaría el sentido del artículo tercero de la Constitución y el segundo de la Ley General de Educación Superior. Los mensajes son preocupantes por supuesto.
Espero que, en este ambiente tan complejo, el presidente y sus colaboradores recuerden que las comunidades universitarias a nivel nacional ascendemos a varios millones, quienes desde el pupitre, la cátedra, el laboratorio, los pasillos o la oficina, defenderemos la autonomía de nuestras instituciones. Al presidente y sus colaboradores hay que exigirles: ¡Respeto a las universidades!
Exrector de la UNAM