En este espacio he sostenido que en la función pública lo que cuenta son los resultados y que, en el desempeño de sus tareas, los servidores públicos deben actuar con rectitud y apego a la verdad. Por ello preocupa que de forma cotidiana el presidente tenga expresiones reiteradas de descalificación a quienes selecciona como sus adversarios, de dentro y fuera del país y que sus dichos no se apeguen a la realidad. Para documentar el caso de los enfrentamientos, solo habría que considerar sus declaraciones recientes respecto de políticos, funcionarios y estructuras del gobierno de los Estados Unidos en torno al terrible caso del fentanilo y el consumo de drogas en ese país o del informe anual del Departamento de Estado sobre el respeto a los derechos humanos en México.
En el caso del fentanilo, López Obrador señaló que esa droga no se produce en nuestro país, lo cual fácilmente se puede demostrar como falso, con solo revisar los informes oficiales que señalan que en su combate se han, incluso, desmantelado diez “laboratorios”. Por su parte, en el reporte sobre derechos humanos se señalan casos de ejecuciones arbitrarias cometidas por policías y militares; desapariciones forzadas ocasionadas con la participación de funcionarios; detenciones arbitrarias y uso de torturas y tratos degradantes, al igual que limitaciones indebidas a periodistas y medios de comunicación, actos de violencia reiterados contra mujeres, personas con discapacidad o integrantes de la comunidad LGBTTTIQ.
Las descalificaciones al reporte del “departamentito” no se hicieron esperar en sus respuestas. “No es cierto, están mintiendo”. “Es pura politiquería”. “Son calumniadores y mentirosos. “En México no hay tortura, no hay masacres”. “El reporte es un bodrio”. Por supuesto que no es verdad que las prácticas indebidas que se señalan estén siempre presentes. Como tampoco es cierto que no existan casos como los que se reportan. La verdad es que tenemos un camino largo por recorrer, para alcanzar el auténtico respeto a los derechos humanos de todos.
Lo que el presidente debería hacer por principio, es dejar de mentir, de insultar a sus críticos, de ofender y calumniar a quienes pensamos que las cosas no van bien en nuestro país. Enseguida, debería dedicarse a gobernar para todos, atender los problemas, numerosos y graves que afectan a nuestro país y, él sí, dejar de hacer politiquería, de afectar la democracia y el régimen de libertades que tenemos, de lastimar las instituciones que durante muchos años hemos construido y empezar a trabajar para entregar las cuentas que le exigiremos en 18 meses, cuando concluya el periodo para el que fue electo.
Artículo 19, una organización con 37 años de historia, con presencia internacional y dedicada a “defender la libertad de expresión y el derecho a la información”, presentó solicitudes de información relativas a 34 declaraciones del presidente y encontró que solo dos fueron verificadas como ciertas con la información proporcionada, en cambio en nueve casos la declaración resultó falsa y en otros dos se utilizó la información de manera engañosa. En veinte de las solicitudes presentadas resultó imposible comprobar la veracidad de los dichos del presidente. Esto verifica los análisis del doctor Luis Estrada, quien ha documentado los miles de mentiras y engaños que él ha pronunciado en las conferencias de las mañanas. Por ello, con pena y preocupación puede sostenerse que nuestro gobierno es uno peleonero y mentiroso.
