El asunto de la pobreza y la desigualdad de México no es reciente. Como país tenemos siglos de estar atrapados en ese circuito y no hemos sido capaces de resolver el problema. La evidencia de que no se trata de un asunto que se solucione solo con la entrega de dinero, está en el fracaso de los programas que han tomado ese camino. Por supuesto que se requiere; sin embargo, la insuficiencia financiera no es la única causa y por tanto la solución tampoco es así de simple. El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas así lo reconoció hace algunos años.
En México, a lo largo de este siglo se han destinado más de seis billones de pesos a los programas de combate a la pobreza con resultados decepcionantes, por decir lo menos. Por eso debe ser muy bienvenida la propuesta presentada por Mexicolectivo hace tres semanas que señala que nos debemos inconformar frente a la posibilidad de que la persistencia de la pobreza y la desigualdad, con sus perniciosas consecuencias “sea el futuro de México y (que) su solución requiere, además de decisión y voluntad, un enfoque integral, recursos financieros y programas eficaces”.
El documento, elaborado por una decena de conocedores del tema y coordinado por Francisco Labastida Ochoa, parte de un diagnóstico claro apoyado en datos y argumentos nacionales e internacionales. Los autores recuerdan las recomendaciones de asegurar que la estrategia cuente con cuatro instrumentos fundamentales: 1) la garantía de que la población en pobreza cuenta con ingresos suficientes y por encima de la inflación; 2) la existencia de un sistema de salud accesible y de calidad; 3) la posibilidad de contar con educación de calidad; y 4) disponer de vías de comunicación que aseguren el acceso a los programas de salud y educación.
Por supuesto que en el planteamiento se consideran otros elementos indispensables como la nutrición; los servicios sanitarios básicos; el empleo y el ingreso; el acceso y uso de las nuevas tecnologías, y el financiamiento, con el señalamiento puntual de que “es muy difícil que México pueda emprender un programa de ataque a la pobreza extrema si no capta más impuestos y administra de mejor manera a las empresas públicas, que deben tener la obligación de lograr superávit financiero” en su administración y terminar con su dependencia de las finanzas del Estado.
En este sentido se proponen tres acciones específicas para organizar un fondo específico e intransferible para el combate de la pobreza extrema y la mejoría de los servicios de salud y educación destinados a la población más desprotegida. La primera consiste en que las refinerías nacionales dejen de refinar petróleo pesado, la segunda, que se reformen Pemex y CFE para aumentar la productividad y reducir los costos. Finalmente, el incremento del dos por ciento en el ISR a algunas empresas.
Por otra parte, la propuesta incluye un planteamiento fundamental: la conveniencia de hacer planeación micro regional para garantizar el acceso de la población de comunidades pequeñas, a las instalaciones de educación y salud ubicadas en pueblos de más de mil quinientos habitantes, de forma tal que incluso un niño pueda caminar la distancia en un tiempo razonable. Las escuelas de tiempo completo ubicadas en esos pueblos proporcionarían alimentación a los alumnos y contarían con el mobiliario, equipamiento y profesorado que se requiere. Lo mismo se haría en el caso de la salud que dispondría de una unidad de primer nivel debidamente equipada. Este problema puede resolverse en una década. ¡Es urgente conseguirlo!
