Cada aniversario de la Constitución mexicana repetimos los mismos gestos. Discursos solemnes. Invocaciones al texto de 1917. Recordatorios de su importancia histórica. Todo eso es comprensible: las constituciones no solo ordenan el poder; también cumplen una función simbólica. Son el relato compartido que una comunidad política se cuenta a sí misma sobre quién es y cómo quiere gobernarse.
El problema no es el ritual. El problema es el autoengaño. Porque no vivimos bajo la Constitución que enseñamos, pero enseñamos la Constitución como si la viviéramos. Seguimos hablando de división de poderes, de contrapesos, de deliberación parlamentaria y de jueces independientes, cuando la práctica cotidiana del poder se organiza de otra manera. El texto normativo permanece; la lógica que le daba sentido se ha ido debilitando.
La Constitución se ha convertido, en buena medida, en un mito compartido. Mito no en el sentido de una mentira, sino en el de un relato que da identidad, que ordena el lenguaje público, que permite que el poder se exprese en clave jurídica incluso cuando ya no está realmente limitado por ella. Nunca se invoca tanto la Constitución como cuando menos capacidad tiene para frenar al poder.
Esto no es un fenómeno exclusivamente mexicano. En muchas otras naciones existe una distancia creciente entre su constitución como texto y el constitucionalismo como práctica. Hay Constitución, pero cada vez menos autocontención. Hay más normas, pero menos límites efectivos. Hay tribunales, pero menos disposición del poder a ser verdaderamente controlado.
Celebramos la Constitución como si siguiera siendo el centro del sistema, cuando en realidad muchas de las decisiones relevantes se toman fuera de ella o en sus márgenes. La política ya no se organiza alrededor del debate constitucional, sino alrededor de mayorías disciplinadas, liderazgos fuertes y lealtades partidistas. El texto acompaña; rara vez dirige. Nada de esto debería escandalizarnos. Las constituciones no mueren de golpe. Se transforman. Se adaptan. A veces se vacían sin ser derogadas. El riesgo no es reconocer esta transformación, sino negarla.
Por eso, el 5 de febrero no debería ser solo una celebración nostálgica. Debería ser una oportunidad para pensar con honestidad. No para renunciar a la Constitución, sino para entender qué papel juega hoy. No para exigirle que haga lo que ya no puede hacer, sino para preguntarnos qué condiciones institucionales y culturales serían necesarias para que vuelva a tener fuerza normativa real.
Celebrar la Constitución sin preguntarnos cómo funciona el poder es repetir un rito vacío. Celebrarla con conciencia, en cambio, implica aceptar la distancia entre el mito y la práctica. Solo desde ahí puede comenzar una conversación seria sobre el constitucionalismo que necesitamos, no el que seguimos imaginando.
Investigador de la Universidad Panamericana. @ChemaSoberanes