La jueza de distrito Nancy Juárez concedió una suspensión en un amparo para que se elimine del Diario Oficial la reforma judicial. A partir de esto se ha puesto en jaque todo el orden jurídico nacional.
Me parece que esa suspensión es un exceso. Una suspensión no puede tener ese alcance. El amparo no puede tener efectos generales. Debe limitarse a proteger a quien lo promovió. No puede anular una norma. Pero, suponiendo que pudiera tener ese alcance, simplemente se invalidaría la reforma, sin necesidad de eliminar la publicación. Así sucede cuando la Suprema Corte invalida normas. Nunca se ha ordenado borrar el periódico oficial. Queda ahí, para la historia, sin efectos. Si no puede llegar a tanto una sentencia definitiva, mucho menos una suspensión, que es solo una medida cautelar.
La presidenta Sheinbaum ha criticado la suspensión, y tiene razón. Es un exceso. Pero hace mal en ordenar el incumplimiento de la orden judicial. Si es incorrecta, debe impugnarla ante un tribunal colegiado. Las partes de un juicio no pueden ser quienes decidan que la persona juzgadora, a quien se encuentran sometidos, se equivocó. Eso solo lo puede decidir una instancia jurisdiccional superior.
El Senado de la República aprobó un acuerdo en el que determinan que no debe cumplirse esa suspensión. Otro exceso. No existe una norma constitucional que faculte al Legislativo a permitir violaciones a resoluciones judiciales. Ese poder también es parte en el proceso, y se encuentra sometido a la jurisdicción de la jueza. Pueden impugnar la resolución ante un tribunal colegiado.
Estos episodios nos muestran que los tres poderes están actuando de forma excesiva, fuera de sus atribuciones constitucionales y legales. Tras la decisión de la jueza Juárez, como fichas de dominó, han ido cayendo los demás órganos. Eso es un gran problema. El orden jurídico se resquebraja.
Cuando los poderes públicos, que son los encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes, deciden actuar al margen de sus facultades, se crea una incertidumbre peligrosa para la sociedad. Pensemos en el INE. Por una parte, deben acatar una suspensión para no cometer un delito. Por otra, para no incurrir en delito tienen que cumplir una sentencia del Tribunal Electoral que, sin ser superior de la jueza, ha ordenado poner en marcha la reforma judicial. Parecería que tienen que elegir qué delito cometer.
Cada una de las acciones que han sucedido en los últimos días erosiona el sistema de pesos y contrapesos que protege a los ciudadanos de los abusos de poder. En lugar de limitarse entre sí y actuar como un sistema de control recíproco, los poderes parecen estar en una espiral de excesos que desvirtúa el orden constitucional.
Cuando las instituciones públicas actúan sin respetar el marco legal, se pierde la confianza en que los conflictos se resolverán conforme a derecho. El estado de derecho no es un lujo. Es la garantía de que nuestras libertades y derechos están protegidos. Si los órganos del Estado actúan fuera de sus atribuciones, se abre la puerta a la arbitrariedad y el abuso, y los ciudadanos quedan desprotegidos.
No se trata de un poder u otro: los tres han salido de su cauce constitucional. En lugar de actuar como garantes del estado de derecho, han actuado como actores independientes, siguiendo agendas propias, sin respeto por las reglas que están llamados a cumplir y hacer cumplir. Esto pone en peligro el tejido jurídico y democrático del país, y nos deja a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad ante la ausencia de un orden institucional que funcione adecuadamente.
Investigador de la Universidad Panamericana. @ChemaSoberanes
