En las últimas semanas hemos escuchado frases sorprendentes en las sesiones de la nueva Suprema Corte. Algunas de ellas han causado desconcierto: afirmaciones discutibles, argumentos débiles o simplemente ideas que difícilmente habrían pasado el escrutinio jurídico en otros momentos. Pero quizá el problema no sea la anécdota. El problema puede ser más profundo.
Durante mucho tiempo, la autoridad de los jueces constitucionales descansó en una premisa sencilla: su legitimidad provenía de la fuerza de sus argumentos. Los jueces no ganaban elecciones. No representaban mayorías. Su poder se justificaba de otra manera: debían persuadir. Sus decisiones podían ser obligatorias, pero su autoridad descansaba en la razón. Por eso las sentencias se escribían como si fueran un ejercicio de convencimiento. El juez debía explicar, justificar, dialogar con la Constitución, con la ley, con la doctrina y con los precedentes. Su poder no era el de la voluntad, sino el de la argumentación.
Esa lógica puede estar cambiando. Cuando los jueces llegan al cargo respaldados por millones de votos, la fuente de legitimidad se transforma. Ya no se trata solo de la corrección del argumento, sino de la fuerza del respaldo electoral. Si siete millones de personas votaron por un ministro, ese ministro puede sentir que su autoridad proviene de esa voluntad popular, no de su capacidad de persuadir a la comunidad jurídica. En ese contexto, convencer deja de ser indispensable. Decidir basta.
Quizá el cambio sea aún más profundo. Los jueces siguen teniendo que convencer, pero lo hacen en un momento distinto y con un lenguaje distinto. Antes debían persuadir a través de sus sentencias una vez electos. Hoy deben persuadir antes de llegar al cargo, durante la campaña electoral. El problema es que el tipo de convencimiento no es el mismo. Una campaña exige, emocionar y movilizar. Una sentencia exige argumentar, matizar, justificar. Cuando la legitimidad del juez nace en la campaña, el incentivo a convencer con razones jurídicas pierde fuerza.
El juez constitucional siempre ha tenido poder. Pero su poder estaba mediado por una cultura jurídica que exigía razones. La legitimidad del tribunal no descansaba en el número de votos obtenidos en una elección, sino en la capacidad de mostrar que la decisión estaba anclada en el derecho. Si la fuente de legitimidad cambia, también cambia el estilo del poder. El juez electo persuade emocionalmente antes de juzgar; el juez designado persuadía al juzgar.
El verdadero fruto de la reforma judicial no está en las boletas ni en las casillas, sino en el cambio de lógica con el que ahora se legitima al juez. Una lógica que parece ajena a la administración de justicia, y más propia de los parlamentos y de los gobiernos representativos, porque en las democracias constitucionales los jueces no deciden por la fuerza ni por la voluntad de la mayoría; deciden —o deberían decidir— por la razón.