El jueves de la semana pasada terminaron las precampañas de quienes aspiran a ocupar la presidencia de la República y, una vez más, al igual que hace seis años, nos encontramos en esto que se ha dado en llamar intercampañas, que nadie entiende de qué se trata y cuál es su utilidad. No se puede entender la decisión de la autoridad electoral al no modificar los criterios aprobados hace seis años en los que se prohibieron los debates entre candidatos durante esta etapa. La prohibición, inexplicablemente, sigue vigente. Resulta difícil de comprender que la legislación electoral contemple un periodo tan largo –seis semanas– entre el último día de las precampañas y el primer día de las campañas formales. Aunado a esto, la autoridad electoral comete un grave error al prohibir que se abran espacios para que quienes aspiran a conducir los destinos de nuestra Nación, puedan, de cara a la ciudadanía, contrastar ideas y propuestas. En un proceso electoral tan complejo como el que estamos viviendo, lo que debería hacer la autoridad es justamente lo contrario: abrir espacios de discusión entre las y los candidatos a ocupar la presidencia de la República, que ayuden a los ciudadanos a tomar una decisión más informada. Lo que está en juego no es poca cosa, se trata del futuro del país.
La elección presidencial y las demás elecciones federales y locales se van a desarrollar en un contexto que se vislumbra difícil y altamente competitivo, que va a poner a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Los ciudadanos deben contar con toda la información para emitir un voto razonado y responsable. Sólo así, el voto se vuelve eficaz para exigir cuentas y responsabilizar por sus conductas a sus gobernantes. Esa debe ser la utilidad de las intercampañas, no aprovecharlas es un desperdicio de tiempo y recursos.
La reforma que introdujo a la legislación electoral el tema de las intercampañas, buscaba abrir un espacio para la reflexión no un espacio para el silencio. Si la legislación electoral no es suficientemente clara –como puede ser el caso– en lo que se puede y no se puede hacer durante esta etapa, la autoridad electoral lo podía haber resuelto pensando en lo que es mejor para los ciudadanos y para la democracia.
Una democracia en proceso de consolidación como la nuestra corre muchos riesgos y requiere espacios de deliberación. Uno de los grandes riesgos que enfrentamos, consiste, en saber procesar nuestra pluralidad, en hacerla operativa. Se está cometiendo un grave error al prohibir durante el largo periodo de las intercampañas los debates entre candidatos. En los días que estamos viviendo, inmersos en medio de una gran polarización, perdemos la oportunidad de oxigenar el ambiente e incentivar a las y los candidatos a transparentar sus intenciones y propuestas. En democracia, la competencia debe de ser inducida desde las instituciones y alentada por los actores sociales. La sociedad entera tiene la responsabilidad de pensar nuestro país más allá del próximo y de cualquier proceso electoral, lo que está en juego es el futuro de nuestro México y lo que les espera a las próximas generaciones.
Abogado. @jglezmorfin
