El pasado jueves 9 de octubre conocimos la noticia de la destitución de Dina Boluarte como jefa de Estado en Perú, producto de una votación del Congreso de ese país. Poco después se supo que José Jerí, asumió el cargo de jefe de Estado por mandato constitucional y que las próximas elecciones se celebraran en 2026. Ante estos recientes acontecimientos políticos en Perú, vale la pena recordar cuál ha sido el posicionamiento de México desde que, en diciembre de 2022, el presidente de ese país, electo democráticamente, Pedro Castillo Terrones, fue depuesto y posteriormente encarcelado por ese mismo Congreso, que decidió quitar a Boluarte.
En un libro colectivo publicado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, titulado Exilios, destierros y asilos en Iberoamérica Contemporánea, publicado a finales del 2024, se conocieron los argumentos legales y diplomáticos de Pablo Monroy Conesa, entonces embajador de México en Perú y hoy Director General para América del Sur en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno mexicano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el Embajador Monroy, lograron proteger y traer a México a la familia de Castillo.
Además de Castillo, México también dio protección al exvicepresidente de Rafael Correa en Ecuador. Tal es el caso de Jorge Glas, quien se encontraba dentro de la representación mexicana en aquel país. Otro ejemplo, fue el de Evo Morales Ayma, quien salió a nuestro país, producto del golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia. En ambos casos fueron protegidos por México en las misiones diplomáticas bajo la titularidad de María Teresa Mercado y Raquel Serur, respectivamente.
Sucesos como el anterior se suman a la larga lista de jefes de Estado latinoamericanos que al ser derrocados han sido protegidos por México, lo mismo que sus familias. Caso muy conocido es el asilo de la esposa e hijos de Salvador Allende, presidente de Chile. También el gobierno de López Portillo, dio protección al argentino Héctor Cámpora, quien murió poco después en suelo azteca.
También a principios de 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas, dio instrucciones a Luis Ignacio Rodríguez, para que protegiera al depuesto presidente de la República Española, Manuel Azaña Díaz, quien vivía expatriado en Francia. Azaña falleció poco después. Guardamos el testimonio de que fue enterrado con la bandera de México. La viuda de Azaña, Dolores Rivas Cherif, vivió exiliada en México el resto de su vida y con ello se reafirmó la frase ¡la posición de México esta bien definida!, principio que se mantuvo durante la guerra civil española.
El 29 de agosto la presidenta de México, después de la reunión que sostuvo con el abogado de Castillo publicó en su cuenta de X: “Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”. Poco después, de dicha declaración el entonces gobierno de Boluarte la declaraba persona “non grata”.
Para mi colega historiadora en temas latinoamericanos, la entrevista con el abogado de Castillo de la Presidenta Sheinbaum y su expresión solidaria que generó la reacción del extinto gobierno de Boluarte, al declararla “non grata”, nos hace recordar la frase ¡la posición de México está bien definida!, tal y como sucedió en el caso de la guerra civil española en la etapa de Cárdenas y como ocurre hoy ante los sucesos políticos en Perú.
CIALC UNAM
