El gobierno de AMLO ha aplicado esquemas de política social universal y basados en un enfoque de derechos. Se partió del diagnóstico de que la política social asistencialista fundada en la focalización y asignación condicionada de subsidios estaba agotada. Dicha focalización fue asociada a una mayor fragmentación social.
La política social actual combina mecanismos de protección social, con fondos de Infraestructura social y elementos de desarrollo económico local, procesos de efectividad de derechos y acciones transversales de atención a poblaciones prioritarias.
El retorno del universalismo como eje de la política social ha permitido el establecimiento de programas como: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los Programas de Becas de Educación Benito Juárez en todos los niveles educativos, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros. Según información del gobierno federal, en 2024 el 80 por ciento de las familias mexicanas recibirá algún programa social y se ejercerá una inversión de 745 mil millones de pesos para dichos apoyos, que llegarán a 28 millones de personas (de los cuales 12.1 son adultos mayores, 12 millones de estudiantes y 1 millón 482 mil personas con discapacidad).
Cabe mencionar, que a lo largo de las últimas décadas el estancamiento económico ha incrementado la necesidad de recursos públicos para la política social. Durante el periodo 2000-2024, la economía mexicana apenas creció a una tasa promedio de 1.6 % anual y de 0.3 % en el PIB per cápita. Esto incide sobre el mercado laboral donde se ofrecen pocas oportunidades de empleo formal, bajos salarios y prevalece la estratificación (informalidad laboral, altas tasas de desempleo juvenil, trabajos sin seguridad social, escasa cobertura de esquemas de jubilación para la población adulta mayor, etcétera).
A pesar de que la expansión de los programas sociales ha permitido un respiro a los hogares más pobres del país, los ingresos laborales continúan siendo el componente fundamental para definir el bienestar social. Si analizamos la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2022, podemos percatarnos que el trabajo remunerado aporta en promedio el 65.7 % de los ingresos de los hogares. Le siguen las transferencias con 17.2 %, el alquiler de la vivienda, 11.8 %, y la renta de la propiedad, 5.2 %.
En particular, las becas provenientes del gobierno, los beneficios procedentes de los programas gubernamentales y las transferencias en especie de instituciones representan el 19.1% de las transferencias que reciben los hogares, siendo las jubilaciones y pensiones el componente principal, 48.3 %. Para los deciles I, II y III, hogares con menores ingresos, los beneficios provenientes de programas gubernamentales representan el 41.2 %, 31 % y 26.8 %, respectivamente, de las transferencias recibidas.
El esfuerzo por seguir avanzando en el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad encuentra sus límites en el estancamiento económico, la insuficiente generación de empleos formales bien remunerados y el bajo nivel de recaudación tributaria. El reto de política económica para la siguiente administración será dinamizar la economía vinculándola positivamente con la expansión de los programas sociales, rompiendo con la ortodoxia en las finanzas públicas.
