La generación de energía eléctrica es un recurso estratégico para el desarrollo. Desde el decreto de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, gracias a una política de gasto e inversión pública, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsó la integración territorial de la infraestructura eléctrica de generación, trasmisión y distribución. Fueron las reformas neoliberales, que deterioraron la capacidad de gasto del Estado, las que descapitalizaron a las empresas públicas y abrieron las puertas a las privatizaciones.
A principios de los años 90 se permitió que el sector privado participara en la generación de energía en distintas modalidades, como la producción independiente, cogeneración y autoabastecimiento.
La reforma eléctrica de 2013 significó la creación de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en donde se extendió la participación del sector privado a las áreas de financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la infraestructura. Además, se transformó el régimen jurídico de la CFE, convirtiéndola en una “empresa productiva del Estado”, con un régimen presupuestario autónomo. Esto la obligó a competir con empresas trasnacionales en la generación de energía y a otorgar el acceso abierto a la red nacional de trasmisión.
En este contexto, la CFE ha tenido que romper con la estructura verticalmente integrada con la que contaba y competir con empresas como Iberdrola, Unión Fenosa e InterGen, entre otras. Estas grandes corporaciones han consolidado su participación a través de Asociaciones Público Privadas (APP).
Los defensores de la liberalización del mercado eléctrico olvidan que las inversiones en APP requieren de un amplio soporte gubernamental: exenciones de impuestos, garantías y la creación de “entidades de regulación independientes”. También necesitan una estructura tarifaria favorable a los retornos de las inversiones. Contrario con el discurso de la supuesta eficiencia del sector privado, los subsidios se dispararon durante el primer lustro de vigencia de la reforma 2013.
En octubre del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una iniciativa de reforma constitucional para la CFE. Dicha propuesta se centra en que el Estado recupere la regulación de la producción eléctrica y de hidrocarburos, para ello se busca eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismos autónomos que habían sido capturados por los intereses de las grandes corporaciones privadas.
Además, se pretende transformar la operación de la CFE, desaparecer las filiales en las que se había dividido, recuperar su capacidad instalada apostando por proyectos de energías limpias y que la paraestatal controle más del 50 por ciento del mercado. Asimismo, en la propuesta se otorga al Estado el control sobre la exploración y explotación del litio.
Los defensores de la liberalización y desregulación repiten una y otra vez los mismos mitos: “la competencia genera la eficiencia y ésta se logra mediante la inversión privada”. En este discurso no aparece el poder de mercado de las grandes corporaciones privadas y sus efectos sobre las tarifas eléctricas.
Profesor de la ENES León UNAM e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (CACEPS), caceps@gmail.com
