Suprimir normas e instituciones, no por sus vicios, sino por sus virtudes. La ampliamente cuestionada iniciativa de ley de la presidenta Sheinbaum en materia de telecomunicaciones y radiodifusión vino a comprobar una vez más el sentido de las demoliciones de la era de AMLO, proseguida por la actual titular del Ejecutivo. Y vino también a exhibir, otra vez, los viejos trucos de la comunicación autoritaria. El fin: suprimir las normas y las instituciones creadas en las últimas décadas para sustentar y desarrollar el sistema democrático. El recurso: magnificar, generalizar e inventar insuficiencias, vicios e incluso desviarlos del proceso democratizador, como distractores y supuestas justificaciones de la abolición de sus efectos virtuosos. Todo, para, a continuación, sustituir el andamiaje legal e institucional del sistema democrático, por el andamiaje de un sistema autocrático, prodictatorial.
Acallar críticos, por sus aciertos. El otro recurso comunicacional de las dictaduras contemporáneas se dirige a la supresión de las voces críticas por la vía de la descalificación. Junto a la intensa, alevosa guerra reputacional contra las instituciones garantes de derechos y libertades, en rituales propiciatorios de su sacrificio final, López Obrador enderezó esa guerra también contra académicos y sus centros de estudios, periodistas y sus medios de comunicación, intelectuales y otros personajes de la sociedad civil que advertían sobre la deriva autoritaria del régimen. Se proponía la neutralización, marginación o supresión, por el descrédito, de toda voz disidente.
La ruta monárquica. Acaso bajo el supuesto de haber vencido o reducido así a la irrelevancia las resistencias de la sociedad a la dinámica prodictatorial, la Presidenta se aventuró a avanzar en la ruta de la configuración de un sistema de comunicación pública bajo el dominio total del grupo en el poder. Alto a las veleidades de la pluralidad en medios y redes. Alto a la excentricidad de órganos autónomos colegiados que deciden sin la anuencia o contra la voluntad presidencial. Sólo una agencia centralizadora de todas las decisiones —concesiones, revocaciones, bloqueos— con el switch en la mano para apagar y sacar de la jugada programas, emisoras o plataformas. Con un titular obligado a llevar a acuerdo presidencial sus resoluciones, como corresponde a las dependencias de la administración pública central. Nada de estudios de competencia o concentración de mercados: un solo árbitro, el Ejecutivo, el monarca que intercambia favores y resuelve dones y persones para los grandes jugadores.
Lectura. El estudio más completo y riguroso, accesible y contextualizado sobre el tema, hasta ahora, me parece el de Raúl Trejo Delarbre, en el Blog de Nexos.
Zedillo: acta de defunción. Regresó el expresidente Zedillo al debate público, esta vez con un artículo en Letras Libres y una entrevista en Nexos. Allí dio a conocer una especie acta de defunción de la democracia mexicana, a manos del régimen AMLO/Sheinbaum. Esto condujo a la Presidenta a repetir el viejo truco de la distracción y la conspiración, con un inventario de temas polémicos de la gestión de Zedillo, al que, en otras circunstancias, yo podría agregar algunos más. Pero, con ellos, la Presidenta pretendió desviar la atención de los argumentos del expresidente sobre la destrucción de las condiciones de la vida republicana y democrática perpetrada por el régimen en la actualidad, a los temas históricos de la década de 1990. Otra vez, el uso distractor de temas polémicos o incluso fallas de sus críticos, para descalificar sus aciertos. Por cierto, el expresidente estuvo a punto de caer en el juego distractor, al dedicar buena parte de su contrarréplica a defender su rescate bancario, cuestionado en su táctica desviacionista por la Presidenta.
Académico de la UNAM @JoseCarreno
