Un acto de terror no terrorista. La comunicación oficial pasa del aturdimiento y la evasión al delirio y a los aprestos represivos. La nueva fiscal tuvo su primer enredo por llamar terrorista a un acto que en cualquier país del mundo se llama terrorista: la explosión de un coche bomba con media docena de muertos a unos pasos de una alcaldía de Michoacán. La fiscal fue obligada a reclasificar el delito para distanciar el crimen de la legislación intervencionista de Estados Unidos y su nueva estrategia de seguridad que pregona traspasar fronteras en persecución de terroristas e introductores de drogas a su territorio. Pero sólo un desvarío puede llevar a concluir que esa reclasificación cambiará la naturaleza del crimen y contendrá las ansias intervencionistas del vecino.
Narrativa desgarrada. Si el pueblo atendiera la ‘mañanera del pueblo’ correría más riesgos de ofuscación que la fiscal. Obligada a complacer tres exigencias inconciliables en los temas de seguridad, la narrativa gubernamental resulta delirante. Por un lado, responde a la táctica de evasión de AMLO concentrada en la supuesta atención a las causas de la delincuencia, con abrazos para los delincuentes. Por otro lado, exalta los resultados de la violencia directa, inmediata, legítima del Estado contra los cárteles, demandada por la sociedad. Y, por otro más, se informa poco y luego se le echa tierra a revelaciones recientes para poner fin a las alianzas político-criminales (Tabasco, Sinaloa, Michoacán, etc), como lo exigen las poblaciones afectadas. Un tema, además, de conminación y tensiones con Estados Unidos.
De vacaciones por la paz. Y así, en la mañanera de ayer, a la secretaria de Gobernación le correspondió agradar al expresidente López Obrador con un ‘informe’ de actividades para atender las “causas” de la violencia y la inseguridad. No me lo van a creer. Buenas, acciones, pero no de política pública, sino como de boy scouts o de alumnos de escuelas de secundaria en vacaciones: ferias y jornadas de paz, eventos deportivos y recreativos, tianguis del Bienestar, caminatas contra la violencia. Todo, bajo la divisa de que la paz no se impone con la fuerza, remató la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
Por la fuerza. Pero vino enseguida la relación, a cargo del secretario de Seguridad, de acciones en curso para alcanzar la paz y garantizar la seguridad a través de la fuerza del Estado. ¿O de qué otra manera se detuvo el mes pasado a 176 acusados de delitos de alto impacto, se aseguraron 15 toneladas de droga y más de mil 100 armas de fuego y se desmantelaron 146 laboratorios para la producción de metanfetaminas? Por la fuerza legítima, pareció responderle el secretario García Harfuch a la secretaria de Gobernación.
La causa inmediata. El silencio oficial ha vuelto sobre el tema de la inserción de los cárteles en los poderes del Estado, tras las revelaciones de captura criminal de zonas de la Armada, las aduanas y de los gobiernos de Michoacán y Tabasco. Y si de atender las causas de la violencia, la inseguridad y la impunidad se tratara, aquí está la causa inmediata, y la más ignorada: el dominio del crimen de vastos territorios y grandes y pequeñas poblaciones, actividades económicas y fuerzas represivas, debido a las colusiones político-criminales ausentes de una comunicación al margen de la realdad.
Inconformidad y represión. Más grave quizás parecería la confluencia de la comunicación oficial y la narrativa contra la inconformidad ciudadana. Los amagos extraterritoriales de Trump contra los cárteles mexicanos han provocado la inclusión, en una ‘narrativa’ del régimen mexicano, de un eventual intento de golpe de Estado vinculado las movilizaciones de inconformidad con supuestas raíces en el extranjero. Una suerte de exorcismo contra el descontento y por su represión.