Evaluación. En agosto empezamos el semestre analizando libertades y derechos sobrevivientes en la Constitución, respaldados por órganos garantes y reguladores independientes. Y, ahora, en noviembre, llegamos al fin del semestre sin esas libertades y sin esos derechos, por la eliminación de los órganos autónomos que los garantizaban. Palabras más, palabras menos, así protestó en su evaluación del curso un brillante —ahora apesadumbrado— alumno inscrito en la asignatura que imparto en la especialidad de Derecho de la Información, en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Al vacío. El joven abogado Christian Zahid, a quien identifico con su consentimiento expreso, continuó: qué bueno que no elegí la materia de Procesal Constitucional, de la especialidad de Derecho Constitucional, porque allí ven ahora caer al vacío los preceptos aprendidos. Aludía al desvanecimiento de los recursos analizados para hacer valer los derechos, hasta ahora, ante jueces, magistrados y ministros independientes, honorables, en general, con excepciones que el oficialismo generaliza para justificar su eliminación. O con las que extorsiona a los infractores para usarlos como peones de la demolición.
Adiós a planes de estudios (y de vida). No se siente el ánimo festivo de otros fines de semestre. Flotan aires de desencanto, en unos, de indignación en otros. Me los hace notar Denys López, joven abogada, exalumna, litigante experta en nuestro campo y generosa auxiliar en clase. Ante esta nueva, ominosa realidad, conversamos de la urgencia de actualizar planes, programas, asignaturas, bibliografías, fuentes alternas, tarea que, desde antes de esta emergencia, encabezan la directora de la Facultad, Sonia Vega Álvarez, y el jefe de la División de Posgrado, Imer Flores. Pero hay algo más: la angustia —que también ronda por acá— ante el fin de las expectativas de vida y desarrollo profesional de generaciones formadas en la gestión de los derechos informativos. Es ‘la muerte del derecho a saber’, como identificó aquí Mauricio Merino, el lunes, la extinción del INAI, entre muchos otros campos alterados en seis años de construcción autocrática y destrucción institucional.
Progresividad y regresividad. Mis alumnos llegan advertidos del dinamismo del Derecho de la Información. No hay semestre sin cambios. En parte, por los avances permanentes de las tecnologías de la información y la comunicación, siempre en espera (y a la vez en contra) de pautas regulatorias. Y en parte por las respuestas normativas, nacionales e internacionales, a esos avances y a las demandas sociales. Desde la inclusión del derecho a la información en nuestra Carta Magna, en 1978, los cambios habían tendido, en general, a ampliar derechos y libertades conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, incluido en la Constitución en 2011 y violentado a partir de 2018 con hechos, dichos y estas legislaciones regresivas.
No hemos tocado fondo. Y no hemos tocado fondo. En sus últimas semanas en Palacio, AMLO esbozó la urgencia de una reforma de los medios de comunicación alineada con la captura del Poder Judicial que entonces se discutía. Y la presidenta Sheinbaum ya da clases de periodismo, como su antecesor, entre rezongos porque los medios “publican lo que quieren” y no lo que ella quiere. Y aquí las amenazas se cumplen.
Zaldívar, el Gatell de las mañaneras de Sheinbaum. El exministro Zaldívar continúa su caída libre hacia su autodegradación total. Ahora sustituye a López Gatell y sus engaños criminales, durante la pandemia, en las mañaneras de AMLO. El exministro lo emula en las mañaneras de Sheinbaum, con sus ocultamientos y falsedades sobre el turbio proceso para ‘elegir’ jueces, magistrados y ministros, de listas ahora infladas y mañana purgadas por la nomenklatura y sus jarcas.
@JoseCarreno
