‘Dictadura de opinión’ contra una Constitución inerme. La Constitución, sus libertades, sus derechos, sus garantías, sus instituciones aparecen inermes ante un régimen dispuesto a someter, desvanecer o francamente desaparecer —en el caso de los órganos autónomos— a los ‘enemigos’ identificados del presidente López Obrador. Ahora le toca al Poder Judicial y a su creciente autonomía, aborrecida por el gobernante. Mientras tanto, en la antesala de la muerte languidecen los órganos constitucionales autónomos, garantes, en diferentes campos, de la legalidad frente al despotismo. Se ha activado, al efecto, el arsenal de un tipo relativamente nuevo de dominación llamado ‘dictadura de opinión’. Esquemáticamente, esta trama se desarrolla en tres actos.
Primer acto. Desde el pedestal del Presidente y su poderosa plataforma de comunicación sustentada en los recursos del estado, se fabrica una opinión general negativa del objetivo a derribar. La fórmula está a la vista: un bombardeo cotidiano de propaganda negra, manipulando ejemplos aislados o distorsionados, generalidades, verdades a medias y mentiras completas.
Segundo acto. La casi Presidenta da a conocer encuestas de opinión que le allega al encargado del partido oficial. Es su inventario de las bajas reputacionales infligidas en una zona vital del entramado de la república: reporta que del 55 al 61 por ciento de los encuestados considera que hay corrupción en el Poder Judicial. Culminarían así seis años de fuego graneado contra ministros, magistrados y jueces, desde el cuasi monopolio de la discutible potestad presidencial de dictar cada día los términos de la conversación pública. Nada importan algún sesgo grotesco en el cuestionario de las encuestas ni alguna deliberada confusión en las respuestas para inflar la adhesión de los entrevistados a los designios supremos. En esas minucias no se detiene la dictadura de opinión. Es más importante el siguiente:
Tercer acto. Para el presidente López Obrador las encuestas expresan “los sentimientos del pueblo”, así sean inducidos en sondeos así manipulados. Por tanto, constituyen una orden indiscutible a las mayorías oficialistas en el Congreso. Y así, en este tercer acto se acelera el trámite de aprobación de la iniciativa presidencial para echar abajo una de las últimas barreras institucionales capaces de contener, hasta ahora, las arbitrariedades del régimen. Así se los remachó la virtual Presidenta electa a sus legisladores en la reunión sostenida ayer. Nada qué discutir en los foros abiertos para, si acaso, “oír” quejas y denuncias de expertos y afectados. Nada que agregar en las comisiones legislativas y menos aún en un Parlamento Abierto formal. En una dictadura de opinión, lo que vale son las encuestas de opinión habilitadas como voz y mandato del pueblo, la voz de Dios, mediada por Claudia Sheinbaum.
¿Quién sigue? Llegó la hora de las “respuestas estatales”, como llama Stanley Cohen a la fase final de la fabricación de pánicos morales, o sea, la conversión de instituciones, personas, profesiones, condiciones en “desviados”, causantes de los males de una sociedad. Se refería a la activación de los aparatos del estado -para legislar, en este caso- contra el Poder Judicial, tras atropellarlo día con día en la opinión pública. Pero es larga la lista de “desviados” confeccionada por el Presidente como objetivos a abatir, tras condenarlos en su tribunal de opinión. Y ya veremos si llegan (y cómo) las “respuestas estatales” contra periodistas y sus medios, líderes políticos y sociales y sus movimientos y organizaciones, académicos e intelectuales y sus instituciones de educación superior e investigación.
Matiz. Lo malo de las dictaduras ‘de opinión’ es que este matiz no les impide producir efectos muy parecidos a los de una dictadura ‘clásica’.
