La ecuación impunidad/arbitrariedad. La nueva arbitrariedad contra la académica y activista anticorrupción, María Amparo Casar, seguida de un misterioso impasse de la acción penal, tiene una contrapartida, a la inversa, en la exhibición y condena por voceros del régimen, de graves delitos cometidos por subalternos jerárquicos o políticos del poder presidencial, pero enseguida protegidos por un espeso manto de impunidad. En el caso Casar estaríamos ante una pérdida de control del monopolio presidencial de la arbitrariedad, corregida enseguida por la presidenta. Mientras la violación de las expectativas de castigo despertadas desde el régimen al revelar, filtrar y cuestionar escándalos de fusión del poder político y el poder criminal, entre otras trapacerías, se debería al escamoteo —por otras fuentes de poder— del monopolio presidencial de reparto de impunidades, exculpaciones o indulgencias a los malhechores del bando oficial. De hecho, estamos en el mundo misterioso de la ecuación impunidad-arbitrariedad en el ciclo AMLO/Sheinbaum.
Desafiar el monopolio de la arbitrariedad. Tras estos misterios parecería vislumbrarse una disputa, un regateo o un desafío al monopolio presidencial de la arbitrariedad, junto al mencionado monopolio del reparto de impunidades. Un descontrol, en suma, sobre la titularidad del botín de la demolición del Estado de derecho, con la correspondiente eliminación o la desnaturalización de sus órganos garante y la concentración de todos los poderes de decisión del Estado en una persona. Y es la disputa por definir esa persona avocada a ejercer ese poder absoluto la que daría sentido, en el caso Casar, a un cruce de líneas. Por un lado, la línea original de la determinación arbitraria que llevó al borde de la prisión preventiva oficiosa a la cabeza de la más visible organización civil escudriñadora de los vicios del poder y, por otro, la línea que le dio marcha atrás a la primera, unas horas más tarde, con la decisión de una jueza de devolverle el expediente acusatorio a la fiscalía, aludiendo a errores casi de domicilio del destinatario.
Subalternos de arbitrariedad. A este respecto se ha diseminado en la esfera pública la versión de una sorpresa inicial en Palacio y en la recién nombrada fiscal general, ante el anuncio del encausamiento penal de la controversia encendida por AMLO sobre la pensión de viudez de Casar. Y de la sorpresa se habría pasado a la orden correctiva, a la pérdida de control nada menos que del poder represivo contra la crítica y la inconformidad. La maniobra se atribuye a actores y espacios subalternos en la Fiscalía General de la República, siguiendo su propia dinámica, abonando a sus propios intereses y juegos de poder y obedeciendo —como se ha especulado— a indicaciones del expresidente López Obrador y/o del exfiscal Gertz Manero.
La arbitrariedad a escala descendente. Se confirmen o no esas versiones, lo cierto es que debería ir desapareciendo de las reacciones presidenciales ese factor sorpresa e ir agregando a sus cálculos la invasión de otras fuentes de decisión y poder en el vasto, pero ilusorio paisaje del poder reconcentrado, sin contrapesos ni mediaciones institucionales. No sólo por la inviable capacidad humana de monopolizar el manejo de todas las variables, las decisiones y las opiniones en una nación de la pluralidad y la complejidad de la nuestra. Particularmente, en el caso del monopolio de la arbitrariedad, las dictaduras suelen mostrar una propensión a reproducir el despotismo, de la punta a la base de la pirámide. Por ejemplo, López Obrador le impuso despóticamente a Gertz sus decisiones arbitrarias, que Gertz cobró en sus propios espacios de arbitrariedad. Y así pasa cuando la arbitrariedad sale de control y llega hasta el más remoto retén de la Guardia Nacional.
Académico de la UNAM. @JoseCarreno