Los hechos por su nombre. Ni ‘supremacía constitucional’, ni supremacía de un Poder Legislativo ‘electo por el pueblo’ sobre un Poder Judicial ‘enemigo del pueblo’. Este bimestre —septiembre-octubre de 2024—: el último mes de López Obrador y el primero de Claudia Sheinbaum en la Presidencia, pasará a la historia como la fecha en que ambos se autoinvistieron como supremo ‘poder constituyente’ y, como tales, dieron nuevos pasos en la vía de pergeñar una ‘nueva Constitución’, de corte dictatorial. En los hechos, sin separación de poderes, sin frenos ni contrapesos, sin control de la constitucionalidad de las reformas de mayor trascendencia del Legislativo, sin garantías de defensa de los particulares frente a la arbitrariedad. Es un nuevo golpe a la Constitución de 1917 y a su desarrollo histórico de claro contenido liberal, democrático y social.
Espurio ‘congreso constituyente’. Tampoco se trata del ‘poder reformador’ de la Constitución previsto en nuestra Carta Magna. Se trata de la disolución de un poder constituido, en la tradición dictatorial de disolver poderes: el Congreso, las cortes, órganos esenciales de una república democrática. En lugar del Constituyente Permanente, el régimen habilitó una supermayoría servil en el Congreso Federal y en los congresos locales, integrada a través de una sucesión de trampas electorales y poselectorales. Con el peso de esa super mayoría, desfondó al Legislativo y sus funciones de frenos y contrapesos del Ejecutivo. Y la enfiló, en cambio, contra las funciones del Poder Judicial de contención de la arbitrariedad. Al efecto, el mismo régimen erigió a su supermayoría en un espurio, ilegítimo ‘congreso constituyente’. El atentado se dio en dos pasos. En septiembre, AMLO, impuso las bases para disolver —en el curso de los próximos meses— un Poder Judicial constituido conforme a la Constitución, para suplantarlo con juzgadores ‘electos’ de listas cribadas por el régimen, entre otras disposiciones dirigidas a desaparecer la independencia construida por este poder en los últimos 30 años. Y en esta última semana de octubre, ya bajo la Presidencia de Sheinbaum, está en curso el despojo al sistema judicial de la función de frenar esperpentos como el de la llamada ‘reforma judicial’. Para ello fue que el poder supremo ha considerado indispensable someter al Poder Judicial bajo control del régimen y reducirlo a la insignificancia.
Línea de sujeción. Así, lo que el régimen llama ‘supremacía constitucional’ no se refiere a la Constitución liberal democrática vigente hasta esta década, sino a la supremacía de la voluntad del expresidente, anunciada el 5 de febrero pasado, incorporada a la campaña de su candidata presidencial y finalmente integrada como punto central, hasta ahora, del gobierno de Claudia Sheinbaum.
¿Partido del gobierno o gobierno del partido? No es éste un juego de palabras. Si se trata de un partido del gobierno —o del presidente— es el presidente el que manda al partido, como lo hizo AMLO con Morena desde palacio. Si es el gobierno el que pertenece al partido, es el partido el que manda al gobierno, como parecería que se propone hacer AMLO desde donde se encuentre. De una reunión cerrada de la plana mayor del partido oficial con sus legisladores, con una destacada participación de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO y alto dirigente partidista, surgió el anuncio de la controvertida iniciativa de los líderes parlamentarios del partido —no de la presidenta Sheinbaum— para darle el tiro de gracia a la Corte con el despojo de su competencia en materia de reformas constitucionales. La supremacía del partido sobre los poderes del Estado, en la tradición leninista estalinista, una vía ‘institucionalizada’ —no descartable— de conservar el poder por el expresidente López Obrador.
Académico de la UNAM
