Sabíamos que Morena aprobaría en la Cámara Baja la ‘cláusula Zaldívar’. Desafortunadamente, en el presidencialismo mexicano cuando un gobierno tiene mayoría legislativa se esfuma la división de poderes; los legisladores oficiales se transforman de representantes populares a fieles siervos del presidente, y aprueban lo que éste mande, lo que sea, incluso una aberración anticonstitucional. Lo vivimos por décadas con el PRI hegemónico y ahora lo volvemos a repetir con otro PRI, pero disfrazado de morado. AMLO ha dicho que cree que esa cláusula es constitucional. En cambio, el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, reconoce dicha violación, pero la justifica en aras de la justicia; una tesis varias veces sostenida también por su jefe; el derecho es ‘conservador’ y la justicia es ‘revolucionaria’. Morena y AMLO insisten en que la suya es una revolución, si bien pacífica. Y en la visión revolucionaria se justifica pasar por alto la legalidad y concentrar el poder para realizar la ardua e histórica faena de llevar al país a su glorioso destino. Al menos se están quitando las máscaras democráticas (AMLO dixit).
Desde luego, desconocer la legalidad poco a poco destruye el Estado de Derecho (esencialmente conservador), soporte legal de la democracia (burguesa y neoliberal), para dar paso a una autocracia ‘revolucionaria’. Eso mismo aparece en los documentos del bolivariano y castrista Foro de Sao Paulo, que instruye a sus miembros a hacerse del poder por la vía democrática (pues la vía violenta es muy complicada), y una vez ahí sustituir la “democracia burguesa” por una “democracia popular”; es decir, el poder concentrado para ser ejercido en nombre del pueblo por un líder que lo encarna. Varios apologistas de AMLO señalan que ni de lejos es ni será un dictador porque no ha habido un golpe militar, ni se ha suprimido el Congreso, ni eliminado la Suprema Corte, ni suspendido las elecciones. Olvidan que el PRI hegemónico tampoco lo hizo, y no era un régimen precisamente democrático (o quizá ahora digan que sí). Por eso le llamaban “dictadura perfecta”. Diversas experiencias internacionales contemporáneas reflejan cómo puede pasarse de una democracia frágil a una autocracia, sin desaparecer a las instituciones democráticas, sino colonizándolas. Justo lo que ahora está sucediendo.
Lo que se discute en el caso Zaldívar no es si conviene o no prolongar el periodo del presidente-magistrado, sino si cabe pasar por alto la Constitución. Y sus efectos; debilitará al Estado de Derecho, dejará abierta la puerta para futuras violaciones, y la Corte quedará subordinada al poder Ejecutivo. Será pues crucial lo que la Corte decida al respecto, pues podría frenar al menos en cierta medida el embate obradorista contra la democracia “burguesa” y el Estado “conservador” de derecho. El problema es que bastarán 3 votos de 10 posibles para validar el atropello a la Constitucionalidad. Hay tres ministros puestos por AMLO, y ya sabemos que éste exige a sus subalternos lealtad ciega. Si pese a tener muy clara la inconstitucionalidad de esta medida, la Corte la avala, el camino a la autocracia o a la anarquía, la arbitrariedad, el abuso de poder y una eventual inestabilidad quedaría despejado. Los ministros que voten a favor de violentar la Constitución quedarán así registrados históricamente como corresponsables de lo que a raíz de esa decisión sobrevenga, lo cual no se ve muy alentador que digamos. Pero paradójicamente, con su voto estarán validando lo que AMLO ha dicho sobre ellos; que son incompetentes para aplicar la reforma judicial, que son parte del pasado corrupto, que no son confiables. Vaya disparo en la cabeza que se darían los ministros. La mejor forma de demostrar que AMLO está equivocado respecto a ellos sería votando en contra. Apelemos pues a la responsabilidad profesional y al elemental sentido de dignidad personal de los magistrados.
Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1
