Desde tiempo atrás sabemos que a AMLO le estorba el INE. Y no es porque lo responsabilice de su trauma histórico, la elección de 2006, pues desde entonces cambiaron los consejeros (gradualmente) y las reglas electorales a partir de las exigencias del propio AMLO (que ahora también le estorban). Lo que no tolera, en esa y otras instituciones autónomas, es justo eso, su (relativa) autonomía. Los equilibrios y contrapesos no son parte del modelo bolivariano, que requiere concentrar el poder tanto como sea posible para llevar a cabo su idílica transformación social. Así lo establecen con claridad y sin rodeos los documentos del Foro de Sao Paulo.
La iniciativa de reforma electoral de López Obrador simula con un halo democrático la apropiación del INE en manos del Ejecutivo y su partido, como lo fue el IFE de 1990 a 1994 controlado por el PRI. Otra regresión más. Los ciudadanos suelen votar por sus legisladores a partir del sello partidista, sin conocer bien a bien (o en absoluto) a los candidatos concretos. En el caso de los consejeros ni siquiera habría esa guía; lo más probable es que habría una enorme abstención, y los participantes serían en su mayoría clientes de Morena que se presentarían a las urnas sin saber bien a bien qué hacen ahí, y con un papel donde estará escrito por quién deben votar (ya lo vimos hace poco).
La clave está en quiénes propondrán a los aspirantes a consejeros; un tercio el presidente, otro tercio la Cámara Baja (es decir, Morena en su mayoría), y el tercio restante la Suprema Corte. La probabilidad más elevada es que el presidente del nuevo instituto y la mayoría de los consejeros serían gente leal a Morena, acentuando más claramente que ahora la parcialidad de la que se queja ese partido (porque no controla al INE ). Es poco probable que esa reforma se apruebe a nivel constitucional (aunque quizá con ayuda del PRI pudiera pasar en la Cámara Baja, y quién sabe en el Senado). Pero se intentará colar como se hizo con la Reforma Eléctrica; una ley secundaria avalada por cuatro de once ministros de la Corte.
Pero de no pasar esa reforma (por no lograr los cuatro votos decisivos en la Corte), aún le queda otro recurso para controlar esencialmente al INE: el año que viene terminan cuatro de los once consejeros electorales, entre ellos el presidente del Instituto. El nombramiento pasa por una comisión de expertos que presenta a la Cámara Baja una lista de cinco aspirantes por cada vacante. Y ahí se requiere una mayoría calificada de la diputación federal, con la que no cuenta Morena y rémoras, pero así como pasó bajo presión el transitorio para prolongar la presencia del Ejército en las calles, se podría contar con la bancada priista para nombrar a los consejeros —incluido al presidente—, que más convenga a Morena. Eso mismo, más los previsibles recortes presupuestales al INE, lo debilitarían a tal grado que dejarían un amplio margen a Morena para imponer su triunfo, por las buenas o las malas. Y, para justificar esos atropellos, podrán incluso recurrir a uno de sus justificaciones favoritas: “El PRIAN defraudaba más”.
Es un foco rojo sobre una regresión que podría evitarse sólo si al menos ocho de los ministros de la Corte mantienen un compromiso con la democracia, y si la bancada priista, por la razón que sea (que no sé ya cuál sería), no se alinea con Morena para seleccionar a los cuatro consejeros que tendrán que ser relevados el año entrante. De cooperar el PRI con Morena en ello, nos despediremos hasta nuevo aviso de la democracia electoral que mal que bien hemos construido en las últimas tres décadas (y gracias a lo cual se dieron alternancias a nivel estatal y presidencial que no se habían dado en toda nuestra historia).
