Prevaleció la disposición de la Corte a complacer al presidente López Obrador en sus ocurrencias, como se ha visto en cada vez más instituciones nominalmente autónomas. Para ello, la Corte decidió hacer malabares para que la famosa consulta sobre los expresidentes tenga lugar. Se esperaba que se rechazara, pues la pregunta planteada por el presidente afectaría un principio esencial del derecho; que la justicia no se consulta. En eso estuvieron de acuerdo la mayoría, pero se decidió cambiar la pregunta para que entonces sí se pudiera realizar la consulta sin afectar la Constitución ni el Estado de Derecho. Ahora se pregunta sobre si se desea aclarar las decisiones de los actores políticos de los años anteriores (¿desde la Independencia, o no tanto?). Y no tendrá efectos vinculantes (contraviniendo el espíritu del art. 35). Según expertos, la Corte se extralimitó en sus funciones.
¿Pero cuál es entonces el sentido de tan anodina consulta? Aclara el ministro-presidente Arturo Zaldívar que “podríamos pensar en la creación de comisiones de la verdad, o en algún tipo de procedimientos que llevara a esclarecer lo que sucedió en el pasado reciente del país”. Tendría pues un valor más histórico. De tomar eso en serio, ¿qué temas serían sujetos de una comisión de la verdad, de los muchísimos posibles? Algunos ejemplos; Tlatelolco y Jueves de Corpus, el hiper-endeudamiento portillista, los fraudes de 1986 y 1988, el “accidente” de Clouthier, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, el Fobaproa, Acteal, el favoritismo a los hijos de Martha Sahagún, el segundo piso en el D.F, la elección incierta del 2006, las fugas del Chapo Guzmán, la Casa Blanca de Peña Nieto, las “aportaciones” a Pío López Obrador, las propiedades de Manuel Bartlett, las asignaciones directas de Dos Bocas a compadres de Rocío Nahle, los desfalcos en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre muchos más. Eso, con objeto de acceder a una “verdad auténtica” que sustituya a la “verdad histórica” vigente hasta ahora. ¿Quiénes decidirán los temas? ¿Habría en la boleta de la consulta espacio para que los votantes anoten el caso que desean se indague? ¿Qué autoridades se encargarían de organizar cada comisión de la verdad? ¿Cuántos recursos se destinarían ahora que estamos en plena abundancia? Suena ridículo. Lo más probable es que después de que la mayoría del público diga “Sí” a quién sabe qué cosa, no pasará de ahí.
Desde luego que está bien impulsar la participación ciudadana en las grandes decisiones, pero, ¿es esta una gran decisión? ¿No había otros temas de tantos que atiborran la agenda? En realidad, el objetivo original de la consulta, de acuerdo al propio Amlo, era “hacer un juicio al régimen neoliberal más que encarcelar a estos personajes” (21/Feb/19). De ahí que se mencionara a los presidentes neoliberales con nombre y apellido. Pero cambió la pregunta, cuya insustancialidad fue reconocida por Amlo, si bien aclara que lo que importa es que haya consulta, aunque no se sepa bien a bien de qué. El circo debe continuar.
Para todo efecto práctico, la consulta será en realidad una encuesta que costará de 8 a 10 mil millones de pesos, más cara que el faraónico avión presidencial. ¿Por qué no mejor realizar una o dos encuestas representativas a valor comercial (1 o 2 millones) para averiguar si los mexicanos quieren profundizar en la historia patria, y destinar el resto a equipos de salud, vacunas y medicinas para los niños con cáncer?
Porque para Amlo su campaña permanente es más importante que otros temas urgentes. Al haber aceptado la Corte semejante absurdo con tal de agradar al Jefe Supremo, sabemos ya que la lealtad ciega no sólo prevalece en el Gobierno y en el Congreso, sino también en la Suprema Corte, que ha quedado en calidad de teatro guiñol. Episodio que quedará registrado en el vasto anecdotario del surrealismo mexicano.
Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1
