Al arcaico estilo de los tiempos del PRI hegemónico, un senador del prístino Partido Verde “madrugó” a la oposición, introduciendo de último momento un transitorio a la Reforma Judicial, que alarga el mandato del presidente de la Suprema Corte (y otros afines). Pero más tarde el propio López Obrador confesó que él ideó esa iniciativa, y la defendió en términos no jurídicos; confía mucho en el ministro Arturo Zaldívar y considera que debe estar en su cargo hasta el 2024 para así coadyuvar a la transformación judicial. Pero eso contraviene el artículo 97 de la Constitución. No descarto por tanto que al menos varios senadores de oposición que votarían a favor de la reforma del Poder Judicial, lo hicieron sin percatarse del nuevo e improvisado agregado, pues la versión digital, enviada días antes, no incluía el transitorio de marras. De cualquier manera, tratándose de una ley secundaria, en realidad no se requería de mayoría calificada.
Se ha comparado esta “Ley Zaldívar” a la tristemente célebre “Ley Bonilla”, que Zaldívar consideró un fraude a la Constitución. Pero también, varios obradoristas han recordado la ampliación del mandato a cuatro magistrados del TEPJF como precedente válido de ésta. En efecto, habiendo nombrado a esos magistrados por periodos menores a los nueve años que marca la Constitución, para hacer un recambio gradual (como en el INE), sus partidos patrocinadores empujaron que se les alargara su mandato, y así lo avaló la Suprema Corte. La diferencia respecto de la “Ley Zaldívar” es que en aquella ocasión no se alargó el mandato más allá del límite que impone la Constitución (art. 99), por lo cual no hubo violación a la Carta Magna; ahora sí. Si se deseara prolongar el mandato del presidente de la Corte, tendría que reformarse primero la Constitución en ese sentido, pero además, para ser congruente esa reforma, tendría que aplicarse para el siguiente presidente, no el actual. Pero es claro que a AMLO no le interesa una reforma general en ese sentido, sino que una persona de su confianza se quede dos años más y no para el próximo periodo, sino en el vigente. Es decir, hay un claro interés político, no jurídico.
Voceros y panegiristas de AMLO, para sorpresa de nadie, recurren a argumentos y malabarismos para defender el intento anticonstitucional de su líder, tales como que la ley puede pasarse por alto por un interés superior. ¿Quién define ese interés superior? El mismo que viola la ley. Y también se maneja la idea de que cuando se violentaba la ley bajo el PRI y el PAN era inaceptable porque era para malos propósitos, en cambio bajo AMLO siempre hay una buena intención; si eres honesto, puedes violar la ley. A quien hay que impedir tales trasgresiones es a los malos. Vaya idea de lo que es el Estado de Derecho. Otros ideólogos morenistas abiertamente expresan –en la vieja lógica revolucionaria del siglo XIX– que el Estado de derecho y la democracia liberal (‘burguesa’) estorban a los propósitos de transformación profunda que –supuestamente– lleva a cabo AMLO. No importa sacrificar la democracia o la ley en aras de un ‘propósito superior’.
Se confirma de nuevo la vocación autoritaria de esos personajes y de su líder. El discurso a favor del Estado de Derecho y de condena al “Estado de Chueco”, que tanto predica AMLO, va en sentido contrario a los hechos. No sorprende. Desde el año 2000 cuando AMLO fue candidato al DF sin reunir los requisitos legales, quedó claro a muchos que la legalidad le tiene sin cuidado, salvo cuando le favorece. Y en los años posteriores eso ha quedado comprobado una y otra vez. ¿Por qué como presidente habría de cambiar su convicción antilegalista y antidemocrática? En fin. Por lo que conozco al ministro Zaldívar y por su trayectoria, apuesto a que no validará este otro “fraude a la Constitución”. Espero no equivocarme.
@JACrespo1
