Lamento que la primera consulta popular constitucional (después de varias hechas a modo por Morena y el actual gobierno), se aplique a un tema absolutamente difuso, irrelevante e impracticable. Soy de lo que impulsaron reformas a favor de la ciudadanía desde la sociedad civil; reelección legislativa, iniciativa ciudadana, candidaturas independientes y consulta popular. Pero los obradoristas insisten en que quienes no queremos participar en la consulta del próximo domingo (AMLO incluido) estamos en contra de que la gente decida. No es así, las cosas no son en blanco y negro sino algo más complejas. Me opuse desde luego a las consultas “pato” que ha organizado López Obrador, empezando por la del NAIM. Cómo me hubiera gustado que esa decisión se sometiera a la ciudadanía, pero bajo un formato constitucional como el de este domingo. Seguramente habría ganado la opción de continuar la obra, según reflejaron múltiples encuestas de ese momento. Me opuse entonces al formato, no al tema (lo mismo que con el Tren Maya). Ahora ocurre exactamente lo contrario; celebro el formato, pero lamento el tema y la pregunta.
La pregunta original —juzgar o no a los expresidentes— violentaba la Constitución, pues se afectaría la presunción de inocencia, y al implicar que se juzgaba también al neoliberalismo, se pasaba por alto el artículo 26-(a) de la Ley Federal de Consulta Popular, que exige que la pregunta “no sea tendenciosa o contenga juicios de valor”. Por lo cual, la Suprema Corte la rechazó y sustituyó con otra que abarca todo y nada, en la que no se ven sus posibles efectos con claridad y que se puede interpretar como uno guste. El mismo artículo 26 estipula que la pregunta debe emplear “lenguaje neutro, sencillo, comprensible”. La pregunta no lo cumple pues no queda claro qué se busca en concreto, ni son comprensibles sus posibles efectos. A la Corte le faltó autonomía y valor para simplemente rechazar una consulta anticonstitucional y punto.
En cambio, a la pregunta se le dará la interpretación que cada quien guste; AMLO; la suya, el presidente de la Corte, otra distinta; la oposición, la suya; diversos comentaristas y juristas otras más. Es decir, cada quien puede interpretar “lo que el ciudadano quiso decir” al votar por el SÍ en la consulta. El problema es, pues, que en realidad el público sólo decidirá sobre una amplia posibilidad de investigaciones. En caso de que la consulta resultara vinculante (cosa poco probable) faltaría despejar preguntas como, ¿quién decidirá qué casos se investigan y cuáles no? ¿Y quién nombrará a esas personas que lo van a decidir? ¿El gobierno? Y en tal caso ¿no serían decisiones sesgadas políticamente, según lo proscribe la ley? De haber cierta coherencia, se tendría que celebrar una nueva consulta para que el público decidiera qué decisiones de qué actores políticos y durante qué lapso de tiempo quiere que se investiguen y, de ser posible, se juzguen. Sólo así habría real participación ciudadana, como se presume. Algo tan complicado que se vuelve impracticable. Así de absurda es esta consulta.
Varios sondeos sugieren que, si bien mucha gente quiere que se juzgue a los políticos del neoliberalismo, son más los que también lo exigen del actual gobierno, algo que permite la pregunta según fue modificada. ¿El gobierno actual decidiría que se abran casos como los bienes de Bartlett, las “aportaciones ciudadanas” y los “préstamos personales” a los hermanos del presidente por parte de Manuel Velasco? Difícilmente. Paradójicamente, en tanto la intención original de esta consulta es la de promover al gobierno actual y golpear mediáticamente a los gobiernos anteriores (es decir, la oposición de hoy), el hecho de que no resulte vinculante será aprovechada por el gobierno para sólo golpear políticamente, sin aplicación de la ley a los expresidentes, presunto objetivo original. Así, quienes participen en la consulta votando por el SÍ, probablemente habrán contribuido a que el efecto real de ella sea el NO (que no por casualidad es la posición oficial del presidente).
Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1