Durante su campaña, López Obrador ofreció nada menos que “acabar con la corrupción. Ese es el plan: erradicar la corrupción, no aminorarla, no reducirla, no mantenerla a raya… ¡Acabarla, desterrarla!” (2017). Algo que ni siquiera los países escandinavos han logrado hacer. La forma conocida para reducir la corrupción es acabar con la impunidad aplicando la ley de manera sistemática y universal a quienes incurren en ilícitos. No lo han hecho así los gobiernos anteriores, pero AMLO tampoco, salvo en el discurso, declarando casi diario que en México ya hay “cero impunidad”.
Así, Rosario Robles fue presa por tres años sin haber sido juzgada y acusada por un delito no grave, y que por ende no ameritaba prisión preventiva. Fue una burda venganza personal, como hacían antaño los priistas (alma mater de Morena). Queda así más clara la perversidad y mal uso de la figura de “prisión preventiva” que debiera exigir más requisitos para evitar aberrantes abusos e injusticias.
Y en sentido contrario, colaboradores, aliados, correligionarios y parientes a los que se les hallan indicios de ilícitos reciben la protección presidencial que se traduce en absoluta impunidad. Ahí está su hermano Pío, cuya indagación le fue arrebatada al INE sin haber concluido, llegó al TEPJF donde quedó por varios meses sin avanzar, y después cayó en manos de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, quien congeló la carpeta por varios meses más. Llegó finalmente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel) encargada de aplicar las sanciones penales previstas por la ley. Pero dicha institución está en manos de Morena.
Está también el caso de Delfina Gómez, cuyo delito electoral quedó ya sancionado por el TEPJF , si bien a él no le toca más que sancionar al partido y dar vista a la Fisel. Dado que Delfina va como candidata a gobernadora, si hubiera Estado de Derecho su caso tendría que desahogarse antes del iniciar legalmente el proceso del Edomex, y sólo de ser hallada inocente podría ser registrada. Pero eso difícilmente sucederá, pues la maestra igualmente goza de la protección presidencial. Contrasta el caso del Bronco, él sí encarcelado por desviar fondos públicos para su campaña. Doble rasero, de nuevo.
Y vaya Estado finlandés de Derecho el que tenemos, cuando el encargado de impartir justicia está en entredicho, como se implica de la resolución de la Suprema Corte que por unanimidad declaró que en el caso de la familia política de Gertz Manero fue penalizada sin pruebas, con delitos inventados. Pero AMLO le dio su respaldo.
En el caso de la matanza de Iguala tenemos la paradoja de que los asesinos materiales han sido puestos en libertad y se persigue a los persecutores. Habrá que ver las pruebas de las acusaciones y que se cumpla el debido proceso (algo poco usual en este país). Pero es claro que la “verdad verdadera” no difiere hasta ahora gran cosa de la “verdad histórica”; crimen de Estado ya lo era al haber participado policías municipales (parte del Estado). El último informe no especifica quién ordenó la matanza, cuando grabaciones de la DEA demostraron que lo fue el famoso ‘Gil’, hoy libre.
Y si bien Alejandro Encinas apuntó que en ese crimen de Estado estuvieron involucrados los “más altos niveles de gobierno” (lo que exige demostración) AMLO había anticipado la inocencia de Peña Nieto y del almirante Rafael Ojeda, actual secretario de Marina, entonces comandante del ramo en la zona. También se excluye al general Cienfuegos, rescatado por AMLO de las garras de la DEA. Así la impartición de injusticia.
@JACrespo1