En las últimas semanas, varios analistas han señalado la poca o nula disposición del actual gobierno para hacer uso legítimo de la fuerza pública, y así preservar el orden y los derechos de terceros, responsabilidad esencial de todo Estado. Eso, a raíz de que hemos visto a varios grupos radicales incurrir en alguna forma de ilegalidad, incluyendo el vandalismo, sea para manifestar ciertas ideas (legítimas o no), o para obtener algunas demandas del gobierno, como cuando la CNTE tomó las vías ferroviarias de Michoacán generando elevados costos a diversas empresas. El gobierno no hizo nada para evitarlo, salvo satisfacer las demandas de los obstructores semanas después. La señal es muy clara; si tienes exigencias pendientes o buscas privilegios, genera daños a terceros para obtener lo que buscas; mientras mayor el daño, mayor será la probabilidad de tener éxito. Y no habrá costo alguno para el infractor.
Es verdad que eso no sucede solamente en este gobierno; probablemente desde el ‘68 quedó el estigma de que el uso de la fuerza pública equivale a represión, porque ahí sí la hubo. Es también cierto que cuando la fuerza pública se ha utilizado para preservar el orden, varias veces ha derivado justo en represión, es decir, la utilización de la fuerza ante manifestantes pacíficos, o el uso desproporcionado de ella y con violación a derechos humanos. Pero eso está en uno de los extremos de la utilización de la fuerza pública; en el otro polo está la inactividad y permisividad total del Estado, que genera ingobernabilidad y estimula el chantaje. Y entre ambos extremos hay una amplia gama de puntos intermedios. En medio está el uso proporcional de la fuerza pública, sin violación a los derechos humanos. Ese equilibrio es el que no se alcanza en México, salvo excepciones, porque no hemos aprendido a hacerlo, ni nos esforzamos mucho en ello. De ahí que al actual gobierno le resulte mejor la permisividad total a que lo puedan acusar de cierto grado de represión, el que sea, pues eso correspondía exclusivamente al “Antiguo Régimen”, y Morena es claramente distinto a los demás. Resultado; un creciente desorden.
De ahí el extremo de arriesgar mejor a funcionarios capitalinos el 2 de Octubre a cuestionar al gobierno como uno “represor”. Total, para eso se les paga a los funcionarios (muchos se quitaron la camiseta al ver peligrar su integridad). Pero lo ocurrido en el Estado de México ya es excesivo; normalistas robaron 92 camiones y secuestraron a sus choferes para chantajear al gobierno; querían la garantía de plazas magisteriales y otros privilegios, mismos que el gobierno federal aceptó otorgar a cambio de liberar a los rehenes. Amlo no consideró eso como delito, sino como una “posible infracción” (¿de tránsito?). De nuevo, ahí está la clave; los grupos que algo deseen del gobierno ya saben la receta. Las universidades públicas que se movilizaron pacíficamente difícilmente obtendrán algo. Dijo Amlo “No vamos a estar a expensas de chantajes”. ¿Quién les manda respetar la ley?
Frente el actual conflicto en Ecuador, el gobierno Mexicano señaló que la fuerza del Estado “debe emplearse excepcionalmente y siempre regida por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”. Totalmente de acuerdo, pero en México no se aplica ese criterio. Probablemente eso refleja que Marcelo Ebrard sí tiene clara la distinción entre uso legítimo y proporcional de la fuerza pública, por un lado, y la represión, por otro, pero no López Obrador. Marcelo no lo puede aplicar salvo en su actual ámbito de acción. Amlo asegura que ya hay Estado de Derecho en México, pero la realidad (que por lo visto es conservadora) parece ir por otro lado.
Profesor afiliado del CIDE. @JACrespo1
