Dicen que el secretario de Gobernación, Adán López Agusto (nombre de campaña), ordenó a los legisladores de Morena “destazar” al INE. No puedo estar seguro, pero tampoco lo dudaría. Morena está en ello. No se trata sólo de una venganza de AMLO por lo que para él fue un magno fraude en 2006 (pese a que cambiaron ya las leyes y el Consejo General es otro). Algo hay de eso, pero no es la principal razón. Tampoco se debe a los altos salarios de los consejeros.
Se trata más bien una estrategia propia del movimiento; si estamos ante una ‘revolución’ (aunque pacífica), sabemos que, por definición, a éstas les estorba la democracia política. Para llevar a cabo los cambios profundos, radicales e irreversibles que (presuntamente) darán lugar a una sociedad idílica, es imprescindible concentrar el poder al máximo.
Eso ocurre en las revoluciones armadas exitosas que logran monopolizar todo el poder, y a partir de ahí ensayan su propio proyecto (que generalmente termina en un fiasco pero, eso sí, consolida una férrea dictadura por décadas). Pero como en muchos casos la revolución armada ya no es posible, surge un “Plan B” en la toma del poder; aprovechar la estructura democrática largamente construida en un país para acceder pacífica y legalmente al poder. Y una vez ahí, dependiendo de cúanto poder se obtuvo, utilizarlo para desmantelar gradualmente las instituciones autónomas y los contrapesos políticos para concentrar el máximo poder en el “líder revolucionario”.
Y entonces sí, ya sin estorbos institucionales, se emprenderá a fondo el utópico proyecto.
Eso ha intentado hacer el actual gobierno, a veces con más éxito que otras, con todo lo que signifique autonomía y contrapeso. El embate contra el INE es parte de esa estrategia más amplia, claramente delineada en el bolivariano Foro de Sao Paulo, al que Morena pertenece.
Ahí se describe con claridad y sin tapujos la estrategia a seguir para hacer realidad sus respectivas utopías bolivarianas (que han resultado un absoluto desastre en la mayoría de los casos).
Dicen sus documentos: “No debemos olvidar que las instituciones de la democracia es funcional a los grupos de poder y al imperio en la mayoría de nuestros países, y han sido construidas para limitar el ejercicio de los derechos democráticos de las mayorías en función del interés de las oligarquías locales”.
Y agrega: “El poder popular se expresa como el control del poder político del Estado, por un bloque histórico de fuerzas populares […] Aparece como una propuesta y una experiencia en marcha, encaminada a superar la democracia liberal burguesa, punto de partida de nuestras transformaciones”. Es más o menos lo que pensaba Marx en el siglo XIX.
Es en esa lógica que el esfuerzo de este gobierno desde que inició se dirige a controlar, debilitar o desaparecer a las instituciones autónomas (CNDH, FGR, ASF, CRE, INE, TEPJF, INEE, INAI, etc.) para que no estorben en la transformación “revolucionaria” de esta gesta histórica, sino que permitan al líder Supremo hacer y deshacer a placer, dentro o fuera de la ley (que es un cuento chino).
En el caso del Plan B electoral, plagado de artículos anticonstitucionales, busca destazar al INE, reducirle facultades, eliminar centros y personal profesional, asfixiarlo presupuestalmente, de modo que se abran amplios márgenes para que Morena pueda desplegar su elección de Estado sin límites ni sanciones.
AMLO debe garantizar por las buenas o las malas, el triunfo de su partido. De no lograrlo, su épica nacional quedaría como un fiasco, su imagen, al basurero de la historia, además de quedar vulnerable a la rendición de cuentas legales y políticas a las que podría ser llamado si no goza del blindaje de su partido.
Por ello, AMLO jalará la cuerda hasta que se rompa, si es necesario, sin importar las consecuencias que eso implicaría para el país (y que podrían ser devastadoras).
Analista. @JACrespo1
