Nos quejamos de que las instituciones autónomas no lo son tanto. Que están cooptadas por el poder Ejecutivo o por los partidos, y por lo tanto su comportamiento suele ser faccioso. Hoy el ejemplo más claro de tal subordinación –aunque no el único– es la CNDH, cuya titular Rosario Piedra no disimula su total abyección al presidente que la postuló (sin cumplir la ley). También hay que ver los votos de los ministros de la Corte propuestos por López Obrador. ¿Pero qué esperábamos, si las propias leyes propician dicha parcialidad?
En efecto, el proceso mismo de designación de los titulares de tales organismos fomenta esos sesgos; se establece que sea el propio presidente o bien los partidos políticos (a través del Congreso) quienes hagan tales designaciones o propuestas. ¿Por qué habríamos de creer que el presidente y los partidos postularían perfiles realmente independientes e imparciales en lugar de gente que actuarán en su favor? ¿Por qué AMLO propiciaría una autonomía que detesta, porque le estorba? Ha dicho que busca que sus propuestas a la Corte apoyen su proyecto, cuando lo que deben hacer es cuidar la constitucionalidad. A confesión de parte…
En el IFE se pasó de un control total del PRI (1990-94), a uno de mayor equilibrio a partir de 1994 cuando el consejo fue propuesto de manera más o menos equitativa. Y sin duda, algunos de los consejeros llegaron con consigna partidista e incluso continuaron una carrera política tras dejar el IFE. Pero no todos. En 2003 el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para dejar fuera al PRD del Consejo General, dando un duro golpe a la credibilidad del IFE y contribuyendo a un panorama conflictivo en 2006. La ley cambió nuevamente en 2008 para garantizar mayor equilibrio e inclusión.
La fórmula más reciente, de 2014, introdujo un filtro más; un Comité Técnico de siete expertos nombra a cinco prospectos por vacante, y ya después la Cámara Baja decide por mayoría calificada, y si no lo logran, se extraen por insaculación. Sonaba bien. En 2014 y 2020 funcionó bien. Ahora el problema es que los propios expertos del Comité están sesgados, pues tres de ellos surgieron del Congreso (nombrados por Morena) y dos más de la CNDH que ya sabemos que es tapete de AMLO. El Inai nombró a dos no obradoristas: 5 vs 2. Lo más probable es que Morena forme la mayoría de quintetas con gente afín a ellos. Y desde luego, de ahí saldrá el presidente del INE. En el INAI eligieron como nuevo comisionado a uno de los peores evaluados… pero es de Morena (100 % lealtad; 0 % preparación).
¿Cómo dar más autonomía a las instituciones autónomas, si tal fuera el interés real de los partidos? Sí hay fórmulas; una que he propuesto desde hace décadas es que se configure para cada caso un amplio Comité Técnico de expertos (digamos 20 o 25, para reducir el poder de influencia de cada uno de sus miembros) y que éstos no sean nombrados por poderes estatales o partidos, sino por distintas universidades, públicas y privadas (uno por universidad). Y que sean estos Comités los que designen a los titulares de la institución respectiva, ya sin los partidos o el presidente de por medio. Los nombrados lo serán exclusivamente por su experiencia y conocimientos, no por sus compromisos políticos. Sería una auténtica ‘despartidización’ de tales instituciones.
Ahora se acusa también a los ministros y magistrados de tener sesgo político según quién los propuso. Se acusa a Yasmín Esquivel de estar doblada a AMLO (no sin razón), y se destaca que Norma Piña fue propuesta de Peña Nieto. Y Arturo Zaldívar fue nombrado por el “narco-presidente”, pero se sometió a AMLO. ¿Solución? Dar esos nombramientos también a colegios de expertos sin el presidente ni los partidos involucrados. Cuando eso pase, habrá gran avance en dotar de auténtica autonomía a las instituciones autónomas y la división de poderes. Mientras no pase, seguirán las quejas de parcialidad de unos y otros. No saldremos de ese pantano.