Se detectaron en Andorra –paraíso fiscal- cerca de 43 mil millones de pesos por parte de 23 poderosos (empresarios y políticos). Se les acusa lavado de dinero . Es parte de la corrupción que ha imperado en México y, por lo mismo, un nuevo motivo para presionar al actual gobierno para que castigue tales descalabros penal y no sólo retóricamente. Uno de los compromisos más importantes de López Obrador durante su larga campaña fue el combate a la corrupción y la impunidad. Si la impunidad no se reduce drásticamente, los incentivos para seguir incurriendo en corrupción y delincuencia por parte de personajes públicos y privados, seguirán elevados. La detención de Mario Marín es de celebrar pero, como se decía antes, “una golondrina no hace verano”. En cambio, se apoya a un personaje semejante para ser gobernador. Cero congruencia.
En efecto, no basta con capturar y castigar a dos o tres peces gordos, como lo hizo el PRI (y menos aún el PAN), pero sin llegar hasta arriba. Si haber encarcelado a La Quina, a Raúl Salinas o Elba Esther Gordillo hubiera sido eficaz para combatir la corrupción, ésta ya hubiera disminuido dramáticamente, pero no. Mientras se trate de aprehensiones aisladas (y casi siempre derivadas de enemistades personales), la corrupción seguirá como si nada, o incluso puede incrementarse, como lo comprobamos en el gobierno de Peña Nieto. Vicente Fox ofreció también el fin de la impunidad, pero una vez en el gobierno prefirió argumentar que era mejor dejar pasar la corrupción del pasado inmediato, pues castigarla quitaría mucho tiempo y esfuerzo para concentrarse en el futuro.
Amlo siempre se quejó de que no se fuera hasta el fondo en esa lucha. Ahora ha retomado los mismos argumentos de Fox; más vale mirar al futuro que al pasado. Así, Emilio Lozoya está como de vacaciones en México, pero incluso si fuera procesado sería un pez equivalente a Jorge Díaz Serrano con De la Madrid. De quedarse las cosas ahí (y suponiendo que fuera procesado Lozoya) ¿cuál habría ido el avance después de 40 años? Bien sabemos que esa estrategia no ha servido, ni lo hará en el futuro. El viraje de Amlo incluye señalar que no se quiere llamar a cuentas a los ex-presidentes, pese a que cotidianamente los acusa de corrupción. Esa denuncia cotidiana sirve mucho para captar votos, pero no para sentar precedentes eficaces contra la corrupción y la impunidad. Y al parecer, sigue vigente el pacto de impunidad con Peña Nieto (diversos trascendidos aseguran que éste tiene más municiones contra Amlo).
El presidente ha usado también la bandera de la corrupción para justificar muchas decisiones de política pública, como cancelar Texcoco o cerrar guarderías infantiles, el Seguro Popular y eliminar fideicomisos a rajatabla (menos el de Defensa, que creció al 1 000 %). En ningún caso hay responsables bajo juicio. Pero si bien el castigo a corruptos de gobiernos pasados tiene que hacerse con criterios más universales, la penalización de los aliados durante el gobierno vigente no es menos importante (e incluso, es más relevante). Los gobiernos del PRI y del PAN hicieron la vista gorda con sus aliados, amigos o familiares. No vemos que en este gobierno ocurra algo distinto. Prevalece en cambio la opacidad en varios contratos y gastos de gobierno fuera de lupa. De ahí el intento de desaparecer el INAI.
Transparencia Internacional publicó su índice anual de percepción sobre la corrupción; en los dos primeros años de Amlo, subimos de 28 a 31 en una escala de 0 a 100 (donde cien es señal de cristalina limpieza). Estadísticamente es nada frente a las expectativas generadas por el actual gobierno. El mayor puntaje que hemos obtenido es 37, en 2001, por las expectativas generadas por Fox. Pero si no hay un cambio real de criterios, seguiremos esencialmente igual.
@JACrespo1