Es probable que Vicente Fox haya concebido la idea de frenar a López Obrador como candidato presidencial para 2006, pues había ya una gran enemistad personal.
Eso hubiera implicado que, de ganar AMLO, y dado su odio a Fox, lo hubiera llamado a cuentas (una asignatura pendiente en la democracia mexicana).
Eso, a partir de presuntas irregularidades de familiares y cercanos de Fox (si no es que de él mismo). La preocupación de Fox sobre el triunfo de AMLO tenía, pues, menos motivaciones ideológicas y más personales. De ahí que, al no encontrar asuntos más graves en AMLO, el gobierno se aferró su desacato judicial en el caso de El Encino.
Pero a la mayoría de la ciudadanía (80% según todas las encuestas), les pareció que eso, más que un acto para avanzar en el Estado de derecho y el combate a la impunidad se leyó como el uso político de la ley, algo contrario al espíritu democrático, donde se trata de que el gobierno esté al servicio de la ley y no la ley al servicio del gobierno.
Quienes nos opusimos al desafuero, 80% según las encuestas (entre ellos muchos de quienes AMLO considera como enemigos acérrimos, como Pepe Woldenberg, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama o Jesús Silva Herzog), no hacíamos una defensa de AMLO (pues 80% es un porcentaje mucho mayor que el 35% del voto que obtuvo AMLO en 2006).
Era una postura en contra del burdo uso político de la ley para fines claramente políticos; recurso, de nuevo, abiertamente democrático que lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo debilita (por cierto, Xóchitl Gálvez se pronunció contra el desafuero contraviniendo la postura del PAN). De ahí que Fox se ganó el epíteto de “Traidor a la democracia”.
En 2018 hubo otro intento de desafuero, pero ahora de Peña Nieto contra Ricardo Anaya, dados sus pleitos personales. El gobierno volcó a la PGR contra Anaya, que decía que, si había algo sólido, procedieran a su detención en plena campaña (lo cual no ocurrió).
Pasadas las elecciones, la PGR confesó que no tenía nada sólido; se trataba de bajar los votos al panista, lo cual se logró en buena medida. AMLO y Morena nada dijeron sobre ese atropello. A ellos eso sólo les molesta si va contra ellos, no contra los demás (lo que refleja que la democracia jamás les ha importado como fin en sí mismo, sino como medio circunstancial).
Y ahora, al emerger con fuerza Xóchitl Gálvez, AMLO le ayuda a fortalecerla como posible ganadora en el proceso interno de la oposición, además de darla a conocer por todo el país, lo que le ha ayudado. Es lo malo de decidir con el hígado y no con el cerebro. Pero ahora viene el ataque sobre los contratos de algunas dependencias públicas a la empresa de la senadora, lo que en sí mismo no es nada ilegal (aunque eso dependería de las condiciones, hasta ahora no despejadas). Es una especie de “desafuero político”, pues no se pretende anularla legalmente de la candidatura (hasta ahora) ni meterla a la cárcel, sino bajarla de las encuestas y anularla como posible rival ganadora de Morena.
Paradójicamente, el acusador es quien viola la ley, pues desconoce la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de Particulares, cuyo artículo 67 estipula: Cap. XI, art. 67: “Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro (político, podría agregare), provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia”.
Es claro el antidemocrático uso político de la ley. ¿Por qué nada habían dicho al respecto en todos estos años? Porque Xóchitl no era políticamente peligrosa. Una vez más, AMLO aplica lo que prometió desaparecer. Es igual a los demás (pero más hipócrita, pues se da baños de pureza, cual fariseo bíblico). Sus devotos le creerán todo lo que diga; los demás ya no le creen nada. La incógnita es cuántos hay en cada bando y cómo se reflejará eso en las urnas. No está claro por ahora.
