Jorge Triana | 22-08-26 | 01:38 |

Rubén Rocha Moya regresó al Gobierno de Sinaloa, pero no porque haya demostrado su inocencia. Volvió sin una sentencia que lo absuelva, sin que desapareciera la acusación presentada desde Estados Unidos y con una solicitud de detención con fines de extradición todavía pendiente. Regresó protegido, no limpio; encubierto, no exonerado.

El regreso no restablece la normalidad institucional. Consuma una operación de impunidad ordenada por López Obrador y cuidadosamente administrada desde Palacio Nacional. La afirmación de la FGR sobre una supuesta falta de elementos no equivale a una resolución judicial ni extingue el procedimiento estadounidense. Sirvió únicamente como certificado político de buena conducta para devolverle a Rocha el cargo, el aparato gubernamental y la protección del poder.

La licencia fue una simulación. Morena lo escondió durante 69 días mientras disminuía la presión pública, desacreditó las acusaciones y utilizó a la FGR para lavarle la cara. Cuando Rocha reapareció hace unas semanas a través de sus redes sociales, no lo hizo para rendir cuentas, sino para atacar a los medios, victimizarse y desafiar a quienes exigían explicaciones. Su mensaje era el de un hombre que sabía que tenía las espaldas cubiertas.

Después vino Claudia Sheinbaum a declarar que regresar era una decisión personal del propio Rocha, como si la gubernatura de Sinaloa fuera una propiedad privada que pudiera abandonar y recuperar cuando le viniera en gana. La secuencia fue transparente; primero lo ocultaron, después lo rehabilitaron mediáticamente, luego le fabricaron un pretexto jurídico y finalmente le devolvieron el Palacio de Gobierno. No lo investigaron; lo prepararon para volver.

La cronología hace todavía más escandaloso el retorno. Rocha regresó menos de 48 horas después de la detención de Fausto Corrales Rodríguez, acompañante de Héctor Melesio Cuén y testigo clave de los hechos en los que Cuén fue asesinado e Ismael “El Mayo” Zambada habría sido secuestrado. La FGR acusa a Corrales de encubrimiento y falsedad de declaraciones por presuntamente ocultar información, incurrir en contradicciones y obstaculizar el esclarecimiento del crimen.

Cuén era el principal adversario político de Rocha Moya y la primera versión difundida por la Fiscalía de Sinaloa sobre su asesinato terminó exhibida como un montaje. Justo cuando detienen a una pieza central de aquel presunto encubrimiento, Rocha recupera apresuradamente el control del gobierno estatal. La cercanía entre ambos hechos no constituye por sí sola una prueba penal, pero sí una coincidencia políticamente inadmisible. En Sinaloa ya son demasiadas coincidencias, demasiadas mentiras y demasiados muertos alrededor del mismo personaje.

Pero el momento del regreso también parece haber sido calculado para cumplir otra función, la de cambiar la conversación pública. Mientras todo el país discute el retorno de Rocha, el régimen gana tiempo y espacio para que se hable menos de la visa revocada de Andy López Beltrán, de los señalamientos que lo rodean por la trama del huachicol fiscal y de la deportación a México de Fernando Farías Laguna, acusado de ser uno de los líderes de la red de contrabando de combustibles operada desde la Marina. Rocha no solo regresó como protegido; también fue utilizado como caja china para eclipsar otros escándalos que se acercan peligrosamente a la familia López Obrador.

Sheinbaum tampoco quiso explicar nada. Precisamente el día del regreso de Rocha decidió ausentarse de la mañanera. La versión oficial habló de una gripe, pero resultó ser el resfriado políticamente más oportuno del sexenio; le permitió no responder una sola pregunta sobre el gobernador acusado de narcotráfico al que le devolvieron el poder.

Cuando se trata de atacar opositores, exhibir periodistas, descalificar investigaciones o defender a los hijos de López Obrador, Sheinbaum siempre aparece y siempre tiene algo que decir. Cuando debe explicar por qué su partido permite que un gobernador bajo acusaciones de narcotráfico vuelva a controlar Sinaloa, desaparece y manda a Rosa Icela Rodríguez a cambiar la conversación. No fue prudencia institucional, sino cobardía política.

Morena perdió la brújula moral hace mucho tiempo. López Obrador prometió purificar la vida pública de México, pero terminó construyendo un régimen dedicado a proteger a los suyos frente a cualquier acusación. Todos los días aparece un nuevo caso de algún político de Morena relacionado con narcotráfico, huachicol, lavado de dinero o alguna organización criminal, y todos los días vemos un esfuerzo diferente del gobierno para taparlo, negar los hechos, desacreditar las investigaciones, perseguir a quienes denuncian, fabricar absoluciones mediáticas o inventar una nueva cortina de humo.

Rocha Moya podrá recuperar una oficina, pero no la legitimidad. Utiliza el Palacio de Gobierno como refugio y la gubernatura como escudo. Sinaloa no recuperó a su gobernador; recibió nuevamente a un hombre acusado de narcotráfico, protegido por Morena y atrincherado en el poder.

Ese es el retrato del obradorismo en sus dos pisos: un narcogobernador que regresa, una presidenta que se esconde, el hijo de un expresidente cercado por señalamientos y un partido que utiliza al Estado para protegerlos a todos. La promesa de purificar la vida pública terminó convertida en una maquinaria de encubrimiento. No es soberanía ni normalidad democrática. Es el pacto de impunidad entre Morena y el narcotráfico gobernando a plena luz del día.