La democracia no llegó como una simple dádiva, sino como el resultado de décadas de lucha ciudadana para contrarrestar un régimen autoritario y presidencialista. Hoy, ese arduo avance se ha diluido. El desmantelamiento de los organismos constitucionales autónomos, promovido por López Obrador y ejecutado sin chistar por Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados, representa, junto con la reforma al Poder Judicial, el retroceso institucional más grave en la historia reciente del país.
Los órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), surgieron para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el escrutinio público en un sistema democrático. Su existencia ha sido clave para contener abusos de poder y proteger derechos fundamentales. Sin embargo, su eliminación, bajo el pretexto de una falsa austeridad y supuesta eficacia administrativa, no solo constituye un error histórico, sino que representa una estrategia deliberada para concentrar el poder en un grupo político, destruyendo los contrapesos esenciales para la democracia.
La narrativa oficial pretende justificar estas medidas bajo el argumento de que los órganos autónomos son caros e ineficaces. Pero los números desmienten esa versión: desaparecerlos apenas ahorra el 0.04% del presupuesto público, un monto ínfimo frente al costo real que implica su eliminación. Más que un problema financiero, esta decisión refleja un claro intento de replicar un modelo de partido de Estado, donde el Ejecutivo decidía todo sin cuestionamientos ni límites.
El caso más alarmante es la desaparición del INAI. Este organismo no solo garantizaba el acceso a la información pública, sino que también sacó a la luz casos de opacidad y malos manejos, como los escándalos de la Estela de Luz, la corrupción de la Estafa Maestra o el megafraude de Segalmex. Su desaparición no busca combatir la corrupción, sino evitar que esta se evidencie.
Proponer que las funciones del INAI sean absorbidas por el Ejecutivo es un despropósito que pone en evidencia la vileza del obradorato. La transparencia solo puede garantizarse desde la independencia; un gobierno no puede ser juez y parte. Perro no come perro.
Sin un organismo autónomo que supervise, el Poder Ejecutivo tendrá carta abierta para decidir qué información se revela y qué se oculta, dejando a la ciudadanía en la oscuridad y fomentando la corrupción institucionalizada.
La desaparición del IFT y la COFECE tiene implicaciones igual de graves. Sin estos organismos, que promovían la competencia económica, se abre la puerta a prácticas monopólicas y abusivas que afectan tanto a los consumidores como a las pequeñas empresas. Por su parte, el CONEVAL, que medía la pobreza de manera objetiva, era un instrumento crucial para evaluar la eficacia de las políticas sociales. Su eliminación deja al gobierno sin una herramienta creíble para respaldar sus avances en este ámbito, exponiendo el debilitamiento de la política pública basada en evidencia.
El desmantelamiento de los órganos autónomos no es un tema técnico ni un debate abstracto; afecta directamente a todos los ciudadanos. Sin contrapesos ni vigilancia, el abuso de poder se normaliza, la corrupción florece y los derechos fundamentales quedan desprotegidos.
La ciudadanía debe reconocer que, con su apatía, ha dejado perder mucho más que la permanencia de instituciones públicas. Está perdiendo el futuro de nuestra democracia. El obradorato, apoyado en una fraudulenta híper mayoría legislativa, puede destruir organismos, pero no puede destruir el anhelo de un país que merece transparencia, honestidad y justicia.
Defender nuestra democracia no es opcional; es una obligación. La historia nos ha enseñado que, una vez perdidas las instituciones, recuperarlas toma décadas.
Perro no come perro.