“Nepo baby” es un término popularizado en la cultura pop para describir a los hijos y familiares que heredan privilegios gracias al poder de sus padres. En México, bajo el obradorismo, el concepto dejó de ser una anécdota de farándula para convertirse en una constante: familias que, a la sombra del poder, han construido redes de negocios, contratos y favores que huelen a corrupción y, en algunos casos, se cruzan con el crimen organizado. Son muchos los casos, pero estos son los más emblemáticos.
El clan de los López Beltrán es el ejemplo más claro. Andy López Beltrán logró colocar en cargos públicos estratégicos a compañeros de colegio y amigos cercanos, y situó a su amigo Amílcar Olán en el centro de contratos multimillonarios de salud con el INSABI, además de vincularlo con terrenos estratégicos junto a Dos Bocas. Audios revelan que Bobby López Beltrán le prometió concesiones mineras en Oaxaca para producir balasto destinado al Tren Maya. En esas conversaciones, Olán habla de plazos y supervisión directa. Investigaciones apuntan a que en el tramo tres, donde ya se registraron descarrilamientos, participaron empresas cercanas al clan con balasto defectuoso. El malecón de Villahermosa es otro ejemplo: se detectaron irregularidades por casi 200 millones de pesos, y empresas ligadas a amigos de Andy recibieron contratos. José Ramón, por su parte, vivió en la “Casa Gris” en Houston, propiedad de un exdirectivo de Baker Hughes, contratista de Pemex.
Los negocios familiares no se detienen en los hijos de López Obrador. En la Secretaría de Marina, los sobrinos del exsecretario José Rafael Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, están en el centro de la red criminal del huachicol fiscal, la trama de corrupción y complicidades más grande de que se tenga memoria. La Fiscalía documentó cómo introducían combustible ilegal disfrazado de aceites para evadir impuestos. Hay funcionarios detenidos, procesos abiertos y marinos que han terminado asesinados o muertos en circunstancias extrañas. Cabe señalar que Andy y Bobby López Beltrán son mencionados en la carpeta de investigación de la Fiscalía: Andy, por sus diferencias con el secretario de seguridad García Harfuch, y Bobby, por haberse reunido con miembros de esta red criminal.
En Sinaloa, los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya, Ricardo y Rubén Rocha Ruiz, aparecen vinculados a una red de al menos 14 empresas que recibieron más de 600 millones de pesos en contratos estatales en apenas tres años. El esquema combina sociedades cruzadas, funcionarios que van y vienen entre dependencias y compañías, y un sistema de licitaciones plagado de adjudicaciones directas.
El hijo del gobernador Alfonso Durazo, de Sonora, Alfonso Durazo Chávez, también forma parte de este mapa. Participó directamente en la instalación de la empresa china Mainland Headwear en Agua Prieta. El propio gobernador lo admitió: hicieron “absolutamente todo” para atraer la inversión. El proyecto recibió beneficios regulatorios y fiscales extraordinarios, y un funcionario de su gabinete figuraba además como directivo de la compañía. Investigaciones posteriores revelaron los negocios compartidos del junior con uno de los sobrinos prófugos de la justicia del Almirante Ojeda.
En Tamaulipas, el caso de Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador y delegado de Bienestar en Coahuila, concentra todos los ingredientes de un escándalo. Acumuló en tres meses, al menos 25 vuelos en aviones privados en un lapso de dos meses, con un costo cercano a 800 mil pesos, sin facturas ni autorizaciones administrativas y con ingresos declarados que no justifican esos gastos. A esto se suma su relación con personajes ligados al crimen organizado, como Édgar Alejandro Villarreal, alias “La Fresa”, señalado como operador financiero de Morena en Tamaulipas y detenido en Texas por traficar cocaína.
Los nepo babies del bienestar son el reflejo de cómo se usa el apellido y la cercanía con el poder para tejer negocios turbios, manipular contratos, repartirse obras públicas y, en algunos casos, operar junto a redes criminales. Todo bajo la tranquilidad de saber que no habrá consecuencias legales. No se trata de casos aislados, sino de un patrón donde la política se hereda, el presupuesto se reparte en familia y la corrupción se normaliza como privilegio de sangre.
El obradorismo prometió un cambio ético y el fin de los privilegios. Pero mientras los hijos, sobrinos y familiares de la élite morenista sigan multiplicando contratos, concesiones y excesos sin rendir cuentas, la realidad se impone: México vive gobernado por nepobabys que han hecho del poder no un servicio público, sino una herencia familiar al servicio de la corrupción y la delincuencia.
Nota del autor: Felicito a EL UNIVERSAL por su aniversario, un medio indispensable para la vida democrática de México.
