La presión arancelaria de Estados Unidos ha obligado al gobierno mexicano a actuar contra el llamado “huachicol fiscal”. En semanas recientes, se han decomisado volúmenes históricos de combustible de procedencia ilegal. En Ensenada, Baja California, fueron asegurados 7.9 millones de litros en un predio propiedad de un exsenador morenista. En Altamira, Tamaulipas, se incautaron 10 millones de litros de diésel a bordo de un buque tanque perteneciente a una empresa en la que uno de los principales accionistas es también alto funcionario de la aduana de Tampico.
Esto no son hechos aislados. Es un sistema. Un entramado donde convergen dinero ilícito, control político, instituciones capturadas y una narrativa oficial diseñada para distraer mientras se protege a los aliados del régimen.
El modelo de “autosuficiencia energética” del obradorato ha encontrado su expresión más cruda: PEMEX extrae el hidrocarburo, funcionarios corruptos lo entregan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y este lo comercializa ilegalmente en Estados Unidos. Un círculo virtuoso… pero para el crimen organizado.
La reciente alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo confirma sin rodeos: el huachicol ya no es solo una operación marginal de evasión fiscal, de pipas robadas o tomas clandestinas. Es una red transnacional, altamente organizada, que conecta a los cárteles con importadores cómplices en EE.UU., con la participación directa de funcionarios del gobierno mexicano.
El informe detalla cómo el CJNG obtiene combustible desde las entrañas de PEMEX gracias a sobornos, complicidad institucional y amenazas. Empleados que abren puertas, autoridades que miran hacia otro lado y operadores que coordinan el cruce del hidrocarburo por la frontera, disfrazado de “aceite residual”. Todo perfectamente articulado.
Es una traición al país desde dentro. Mientras PEMEX se endeuda —arrancó 2025 con pasivos superiores a los 2 billones de pesos—, el crimen organizado multiplica sus ganancias. Mientras el gobierno presume “rescatar la soberanía energética”, en los hechos subsidia al narco con recursos públicos.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha sancionado a 26 empresas mexicanas y a nueve personas vinculadas con esta red, entre ellas César Morfín Morfín, alias "El Primito", señalado como líder del CJNG en Tamaulipas. Aun así, el gobierno guarda silencio.
Morfín fue fichado por el gobierno de Tamaulipas y, en julio de 2020, se solicitó apoyo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Federación procediera con su captura. La respuesta fue la omisión total. Nadie ha sido cesado,
investigado ni procesado, ni dentro ni fuera del gobierno. La impunidad, como siempre, es parte estructural del sistema.
¿A quién sirven hoy los funcionarios de aduanas, de PEMEX y del gobierno en general? ¿A los ciudadanos o a los cárteles? Lo que estamos presenciando es un modelo de negocio perfecto: el Estado pone la infraestructura, el narco la distribución… y todos ganan, menos México.
Este es el verdadero rostro del “rescate energético” de López Obrador: un gobierno convertido en aliado estratégico del crimen organizado. Y PEMEX, una empresa estatal que al parecer ya no trabaja para la nación, sino para el narco, mientras agoniza por el raquítico estado de sus finanzas.
