Mientras el país debate entre chantajes arancelarios, la crisis del fentanilo, el avance de los cárteles y las acusaciones al gobierno por sus vínculos con el narcotráfico, en los sótanos del poder se consolida un golpe letal para la democracia: la captura total del Poder Judicial por parte del impresentable Arturo Zaldívar y su camarilla.
El exministro de la Suprema Corte, hoy convertido en fontanero político del régimen, está a punto de cumplir su verdadera misión: erigirse como el virrey de la justicia mexicana, un hombre con influencia absoluta sobre jueces, magistrados y ministros, y, por ende, sobre las sentencias que estos emitan. Es evidente que la reforma al Poder Judicial, ordenada por López Obrador, promovida por Sheinbaum y ejecutada obedientemente por Morena y sus aliados, no busca fortalecer el sistema ni garantizar mayor acceso a la justicia. Su único propósito es someter al Poder Judicial, convirtiéndolo en un instrumento servil no solo del Ejecutivo en turno o de su grupo político, sino del ministro desertor.
De los 27 candidatos a ministros, 16 están directamente vinculados a Morena, y la mitad de ellos responde a Zaldívar. No es coincidencia. El comité de evaluación que "seleccionó" a los aspirantes fue presidido por el propio exministro y por Javier Quijano, abogado personal de López Obrador. Ellos decidieron, sin ningún mecanismo de control independiente, quién podía participar y quién quedaba fuera.
Los perfiles incómodos fueron eliminados sin miramientos. En contraste, se promovieron candidaturas como la de Ana María Holguín, quien, con solo un año de experiencia en tribunales, está a punto de convertirse en ministra de la Corte. Su mérito: haber trabajado directamente con Zaldívar y demostrarle una lealtad a toda prueba.
Si el proceso de aprobación de la reforma fue un lodazal, su ejecución ha resultado un estercolero. Se ha eliminado la vigilancia ciudadana en la elección de jueces y magistrados. Por primera vez, los votos no serán contados en las casillas por ciudadanos, sino enviados a centros de cómputo sin posibilidad de verificación independiente. La confianza en el INE se ha diluido tras haber sido tripulado por Morena y el régimen. ¿Qué podemos esperar de una elección que definirá el futuro de la justicia, organizada por un órgano electoral con los dados cargados?
El régimen ha redistribuido estratégicamente los juzgados más importantes del país, como los de competencia económica —los mismos que han frenado los abusos monopólicos de Pemex y la CFE—, y los ha adscrito a distritos completamente dominados por el partido en el poder. En pocas palabras, la justicia económica de México quedará en manos de jueces leales a la mal llamada "Cuarta Transformación".
En cualquier otro momento, un atentado así contra la independencia judicial habría desatado la indignación del sector empresarial. Sin embargo, el silencio es ensordecedor. La cúpula empresarial no ha protestado, ningún grupo de inversionistas ha levantado la voz. El miedo a represalias ha paralizado a quienes deberían estar defendiendo la estabilidad económica del país.
Mientras tanto, desde Estados Unidos, las señales de alarma ya están encendidas. México es el socio comercial más importante de ese país, y la idea de un sistema judicial controlado por una sola facción política seguramente no será aceptada sin consecuencias. Trump ya lanzó advertencias y no tardará en convertir este tema en una nueva bandera de presión para México.
El régimen no está midiendo el tamaño del monstruo que está creando. Hoy celebran la inminente captura del Poder Judicial, pero el día de mañana podrían ser ellos quienes enfrenten un sistema de justicia diseñado para obedecer órdenes, no para impartir justicia.
Zaldívar lo sabe. Él no aspira a ser un simple asesor de la presidenta para la construcción de una Corte independiente. Su verdadero objetivo es convertirse en el virrey de México, la persona más poderosa del país, con control absoluto sobre las decisiones más importantes de la vida pública. Con la bendición de su jefe en turno, López Obrador, y el beneplácito de Claudia Sheinbaum, está a punto de lograrlo.
El régimen ha optado por imponer la Corte del virrey Zaldívar, diseñando un sistema que no solo somete al Poder Judicial a sus intereses políticos, sino que lo reduce a una simple pantomima. Con la supuesta "elección de juzgadores", no busca que el pueblo decida libremente, sino que valide una decisión ya tomada para simular transparencia.
Así es la justicia en tiempos de narcogobierno.
