Esta semana, el gobierno de Estados Unidos elevó la presión sobre el crimen organizado… y sobre sus cómplices en el poder. A través del Fiscal General Adjunto Todd Blanche, la Fiscalía estadounidense anunció que priorizará las investigaciones de corrupción internacional cuando estén involucrados cárteles de la droga. Ya no se trata solo de combatir el narcotráfico: Se trata de perseguir los sobornos, el lavado de dinero y a quienes les dan cobertura política desde los gobiernos. Y México está en el centro de esa lupa.
Por primera vez, se establece de forma explícita que los casos de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) darán prioridad a los vínculos entre empresas fachada, operadores financieros y funcionarios públicos que faciliten o encubran las actividades de los cárteles.
Las investigaciones irán más allá de los delincuentes comunes: Se enfocarán en la red de corrupción que permite que el narco lave dinero, compre funcionarios y opere a plena luz del día.
El gobierno de México debería tomar muy en serio este anuncio. Ya no estamos hablando de una teoría, sino de una práctica probada que, desde la administración anterior, se ha normalizado. López Obrador repitió hasta el cansancio que separaría el poder político del poder económico, pero guardó silencio sobre el creciente vínculo entre el poder político y el poder criminal durante su gobierno.
Si Washington sigue el rastro del dinero del huachicol fiscal, del lavado de activos y de los sobornos del narco, encontrará algo muy claro: Una red de impunidad que opera desde el más alto nivel del poder político en México, y que lleva años en marcha.
El Financial Times reveló recientemente la dimensión del problema: Redes criminales, algunas ligadas al CJNG, contrabandean combustible desde Estados Unidos hacia México, aprovechando vacíos legales, corrupción aduanal y complicidades locales. Estimaciones conservadoras calculan que entre el 16% y el 27% del combustible que se consume en el país es ilegal. En valor de mercado, esto representa hasta 21 mil millones de dólares anuales. Y nadie mueve esa cantidad de hidrocarburo sin apoyo político y financiero.
Claudia Sheinbaum, como jefa de Estado, tiene una prueba de fuego frente a sí. Debe romper con la espiral de impunidad que ha protegido a varios políticos de su movimiento, caiga quien caiga. Tiene la oportunidad de priorizar los intereses de su país, aunque con ello afecte a los de su partido. No olvidemos que seguimos bajo amenazas arancelarias severas por parte de Estados Unidos. Las consecuencias de un encubrimiento las podríamos pagar todos.
Porque colaborar no es simular. Colaborar es compartir información y actuar. Y debería hacerlo hasta donde nuestros acuerdos bilaterales lo permitan. Le conviene a ambos países. El gobierno debe cooperar con total transparencia. No hacerlo sería aceptar que tiene algo que ocultar. Ya no basta con culpar al pasado: Se debe responder por el presente y rendir cuentas.
La justicia de Estados Unidos ha hablado. Y esta vez, no solo busca narcos: Busca cómplices con credenciales oficiales y oficinas de gobierno. Que nadie se sorprenda si en los próximos meses empiezan a caer nombres conocidos. Porque cuando el crimen se institucionaliza, las fronteras se difuminan… pero las consecuencias no.
Si el Estado mexicano no actúa con firmeza, lo hará otro Estado. Porque mientras aquí se protege al corrupto, allá se persigue al criminal. Y esta vez, ya no hay escondite ni fuero que valga.