Por primera vez en la historia reciente, un gobernador mexicano en funciones no puede ingresar a Estados Unidos. Se trata de Marina del Pilar Ávila, titular del Ejecutivo en Baja California, a quien el gobierno estadounidense revocó la visa de turista, impidiéndole el ingreso a su territorio. No es cualquier funcionaria ni cualquier estado: ella encabeza una entidad fronteriza estratégica, con el mayor número de cruces internacionales en el planeta y una economía íntimamente ligada a California.
La noticia se volvió aún más explosiva por el silencio. Washington no ha ofrecido explicaciones oficiales, Sheinbaum dice no tener información y Marina del Pilar no ha querido detallar los motivos. Solo admitió que la cancelación está relacionada con una “situación” que enfrenta su esposo. Nada más.
El caso no es aislado. También al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados, le fue cancelada su visa. Y aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también estaría en la misma situación. Primero su gobierno lo negó. Luego, matizó diciendo que se trataba de “información no confirmada”.
Lo cierto es que el contexto no permite ingenuidades. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una ofensiva para desenmarañar una red de vínculos entre políticos mexicanos —principalmente de Morena— y grupos criminales del narcotráfico y el huachicol fiscal. En Washington no están jugando. Cancelar visas no es un castigo menor, no es un simple "acto administrativo"; es una advertencia clara de que hay una ilegalidad de por medio y existen investigaciones abiertas. En algunos casos, incluso, se están considerando sanciones financieras por parte del Departamento del Tesoro.
La reciente publicación del periodista Tim Golden en ProPublica lo confirma. Ganador del Pulitzer y autor de investigaciones clave sobre el financiamiento del narcotráfico a campañas mexicanas, Golden revela que agencias estadounidenses tienen en su poder una lista de varias docenas de funcionarios y políticos mexicanos identificados como presuntos aliados del crimen organizado. No se trata de rumores: hay expedientes, hay nombres, hay investigaciones.
Según el reportaje, esa lista incluye desde gobernadores hasta altos funcionarios del gabinete de Claudia Sheinbaum y figuras cercanas al expresidente López Obrador. Además, existe un archivo separado con al menos 35 funcionarios investigados desde 2019, justo cuando el gobierno mexicano rompió unilateralmente los acuerdos de cooperación antidrogas con la DEA.
Y mientras todo esto ocurre, en Palacio Nacional y en las oficinas de Morena reina el silencio y la descalificación. Ya intentaron antes desacreditar a Golden. Pero ahora hay hechos que no se pueden tapar con discursos. Hay revocaciones de visas. Hay investigaciones activas. Hay un patrón.
La narrativa oficial ha perdido toda credibilidad. Las piezas ya no encajan. ¿Qué clase de país tiene una gobernadora fronteriza que no puede pisar el territorio de su vecino y principal socio comercial? ¿Cómo se explica que una lista negra del Departamento de Estado esté repleta de políticos del partido oficial? ¿Qué tipo de legado recibió Claudia Sheinbaum?
La respuesta es tan cruda como contundente: López Obrador no solo desmanteló instituciones y enterró la democracia; también sembró las bases de un narcoestado. Y esa herencia, tóxica y corrosiva, marcará la historia reciente de México. Porque el sello de la mal llamada Cuarta Transformación no fue la justicia social ni la honestidad valiente: fue la complicidad silenciosa con el crimen organizado.
Y ahora el mundo lo sabe.