La reciente dimisión de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, después de un prolongado período de 14 años en la institución y a tan sólo 13 meses de concluir su gestión, atenta contra la autonomía y la independencia del Poder Judicial en México.
La Constitución, en su Artículo 98, contempla la posibilidad de renuencia sólo por "causas graves", éstas deben ser valoradas por el titular del Poder Ejecutivo, y si éste acepta la renuncia, el asunto pasará al Senado para su aprobación final.
Sin embargo, en su carta de renuncia, Zaldívar no menciona ninguna causa grave, sólo argumenta la búsqueda de "espacios" en un proyecto político, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad.
Abiertamente, Zaldívar ha manifestado su intención de incorporarse a la campaña de la virtual candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.
Desde la reforma judicial de 1994, que otorgó verdadera independencia a la Corte, sólo dos ministros han renunciado: Eduardo Medina Mora en 2019 y Zaldívar en esta ocasión. La Constitución es ambigua respecto a las causales de dimisión de un ministro, esto debería convertirse en un asunto que la propia Corte abordara en su momento.
El Presidente López Obrador ha expresado su aceptación de la renuncia sin cuestionar la existencia de una causa grave, lo que abre un debate político y legal sobre la interpretación de la Constitución.
El vergonzoso actuar de Arturo Zaldívar, pone entre dicho su apego a los principios de imparcialidad y objetividad durante los años que ejerció el cargo de ministro.
Durante su primera controversia en el caso de la Guardería ABC, Zaldívar confrontó al Gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, quien lo había propuesto para el cargo apenas dos meses antes. Parecía que estábamos frente a un jurista serio e independiente, pero lamentablemente, el tiempo se encargó de desmoronar esa imagen.
Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, Zaldívar, ya en su carácter de Presidente de la Suprema Corte, permitió que esta institución se convirtiera en un instrumento al servicio de los intereses políticos del titular del Ejecutivo, validando decisiones como la consulta popular para enjuiciar expresidentes, en detrimento de su papel fundamental como contrapeso.
Zaldívar también ha sido objeto de críticas por el manejo sesgado que dio a las acciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Industria Eléctrica, cuando dividió la votación de manera artificial para evitar que se reunieran los ocho votos requeridos para declararla inconstitucional.
En un gesto de auténtico cinismo y de abierto desprecio por el orden constitucional, López Obrador intentó extender la permanencia de su amigo Arturo Zaldívar como Presidente la SCJN por dos años más, el ministro no dijo nada y 'se dejó querer'. Sin embargo, esta iniciativa finalmente fue retirada debido a la presión pública y a las críticas suscitadas.
La renuncia de Zaldívar, en este contexto, se suma a un historial que ha alimentado la percepción de que ejerció el cargo de ministro con un sesgo político, y refuerza las críticas y sospechas en torno a su lealtad a López Obrador.
La renuncia de Zaldívar nos regresa a la práctica de los ministros del siglo pasado que buscaban cargos en el Ejecutivo, es un giro inesperado en la historia reciente de la Suprema Corte de Justicia. La controversia legal y política que rodea su renuncia sin causa grave, representa enormes desafíos para la integridad y la independencia judicial en México.
Arturo Zaldívar es una vergüenza para el Poder Judicial y al mismo tiempo es un orgullo para el obradorismo. Nada más que agregar.
