El Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México prácticamente está muerto. Edwin Ramírez, Ilian Maldonado y Jorge Vázquez, los últimos tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana, órgano de gobierno del sistema, han renunciado de manera definitiva.
Los miembros del Comité acusan que el gobierno de la Ciudad ha estrangulado presupuestalmente al Sistema Anticorrupción, dejándolo deliberadamente sin los recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas. Incluso han denunciado que, ante la falta de apoyo, han tenido que cubrir con sus propios bolsillos varios gastos desprendidos de sus labores institucionales.
A lo largo de tres años, el Comité de Participación Ciudadana ha advertido que no se está cumpliendo con lo que marca la ley, ya que los recursos asignados para la operación del Sistema deberían ser asignados a través de un esquema de colaboración entre tres instancias: la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de Transparencia y el Congreso de la Ciudad de México; pero el gobierno ha hecho oídos sordos a estas advertencias.
Desde el inicio de su gestión, Claudia Sheinbaum ha insistido en que los recursos que se asignen al Sistema Local Anticorrupción deben ser limitados por la política de “austeridad republicana”, y también para no dilapidar recursos en estructuras burocráticas que dupliquen funciones con dependencias como la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Esto no tiene sentido alguno, cada instancia tiene sus funciones bien establecidas por ley y deben trabajar de forma coordinada.
Con las renuncias de estos tres integrantes del Comité, el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México ha quedado completamente acéfalo, inoperante y prácticamente muerto.
La extinción de facto del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México es una copia al carbón de la suerte que ha corrido el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, que igualmente ha sido golpeado y castigado presupuestalmente por el Presidente para que no pueda operar. Un motivo más de la jefa de gobierno para congraciarse con López Obrador, y un buen pretexto para "trabajar" como le gusta: en la opacidad.
No es la primera vez que Claudia Sheinbaum nos deja ver el temor que le tiene a la transparencia y a la rendición de cuentas. Sólo hay que recordar que apenas el año pasado, la jefa de gobierno demandó a la firma noruega DNV para que ésta no hiciera público su reporte sobre el desplome de la línea 12 del metro. Con esta demanda, Sheinbaum logró esconder durante varias semanas el contenido de dicho reporte entregado por la consultora que ella misma contrató y cuyos resultados exhibían la negligencia criminal de su administración.
Por si todo lo anterior fuera poco, esta semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por la militante de Morena y amiga personal de Sheinbaum, Ernestina Godoy, catalogó oficialmente como información confidencial el número de carpetas de investigación que se han abierto en contra de la jefa de gobierno. Godoy argumenta que dar a conocer esta información afectaría el honor y la investidura del cargo.
México tiene el gobierno más opaco de los últimos 20 años: más del 80% de los servicios, las obras y las compras del gobierno federal se llevan a cabo por adjudicación directa. Las solicitudes de información que llegan al gobierno vía INAI son dilatadas convenientemente en su respuesta o de plano ignoradas. Con el pretexto de la “seguridad nacional”, se ha reservado información que debería estar completamente disponible para la ciudadanía.
Sheinbaum no podía quedarse atrás, haciendo eco de la actuar de Andrés Manuel López Obrador, ha cubierto con tinta negra la caja de cristal en la que debería trabajar una verdadera jefa de gobierno. Sheinbaum se ha convertido en: Claudia la opaca.
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