Esta frase fue pronunciada por Andrés Manuel López Obrador en León, Guanajuato, el 14 de marzo de 2006, en el marco de su campaña presidencial. Emitió este comentario en respuesta a las críticas, indirectas e insinuantes, que recibía del entonces presidente Vicente Fox.
Desde 2007, tras esta intervención de Fox y, en buena parte, gracias a las demandas del entonces opositor López Obrador, la Constitución prohíbe expresamente que los servidores públicos, incluyendo al Presidente, se expresen públicamente sobre temas político-electorales. Esta prohibición, establecida en el artículo 134 constitucional, parece ser la más ignorada por el actual Presidente.
Hoy, nos encontramos ante un escenario preocupante donde el respeto por las leyes y normas constitucionales, especialmente en el ámbito electoral, parece haber quedado relegado.
El protagonista de este desprecio por la ley es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, desde su ascenso al poder, ha exhibido un afán por ignorar las reglas que debería respetar en su rol de gobernante, incluidas aquellas que él mismo impulsó desde la oposición.
La obligación de mantener la neutralidad política por parte de todos los funcionarios públicos se ha convertido en un mero formalismo, especialmente evidente en eventos como las conferencias matutinas del Presidente.
La gravedad de esta situación se ve acentuada por la impunidad con la que se manejan estas transgresiones. A pesar de las múltiples sentencias emitidas por el Tribunal Electoral contra el presidente por violar la Constitución, no se observan consecuencias ni sanciones. Este patrón de violaciones sistemáticas y cínicas a las normas electorales pone en riesgo la integridad de las próximas elecciones.
El presidente, en un evidente intento por orientar en el sentido del voto de la gente, anunció recientemente una serie de reformas constitucionales que, según él, buscan fortalecer su proyecto de gobierno. Sin embargo, estas propuestas parecen más bien intentos de modificar la Constitución para controlar más efectivamente el poder judicial y los organismos autónomos, limitando su independencia. Esto influye en la agenda de las campañas y es una injerencia directa en el proceso electoral.
Más allá de su papel como jefe de Estado y de gobierno, el presidente ha asumido el rol de conductor principal de la agenda política y pública, y además, jefe de campaña de su candidata presidencial, posición que parece reacio a abandonar. Esta ilegalidad altera el equilibrio necesario en un proceso democrático donde los partidos y candidatos deben competir en igualdad de condiciones.
Toda persona que actúe desde la esfera pública está obligada a apegarse irrestrictamente al principio de legalidad y a actuar exclusivamente dentro de los límites que establece la ley; y la ley mandata al presidente a gobernar, no a hacer campaña. No obstante, pedirle al Presidente que actúe con legalidad parece ser un esfuerzo inútil, y es un costo que, lamentablemente, todos pagaremos tarde o temprano.
Desde la impunidad de sus conferencias matutinas, López Obrador acusa intentos de censura por parte de la autoridad electoral, cuando esta solo está haciendo cumplir la ley. Como la chachalaca ya es otra, a López Obrador ya no le acomoda su propia frase de 2006.
La ironía de que López Obrador, quien una vez criticó vehementemente el abuso de poder y la manipulación política, ahora se vea envuelto en prácticas aún peores, no pasa desapercibida. Su transformación de crítico de la corrupción y defensor de la democracia a un presidente que desprecia las mismas leyes y principios que él mismo impulsó, es una fuente de profunda preocupación y desilusión para quienes creyeron en él, y seguramente esto jugará en su contra en los resultados electorales de junio próximo.
