Una de las características del estado moderno, tal y como se ha configurado a lo largo de varios siglos, es la división de poderes y la existencia de poderes y mecanismos de control y vigilancia entre los mismos. Dicha configuración nació como producto de una profunda experiencia histórica y que culturalmente se ha expresado en diversas tradiciones constitucionales. Debe decirse que la división de poderes no es un mero arreglo puramente formal. La razón de su existencia es una respuesta sustancial ante las calamidades producidas por la concentración de potestades depositadas en un solo gobernante, monarca, rey, emperador o tirano.
En el devenir del pensamiento y la filosofía política occidental la división de poderes se ha consolidado como un imperativo categórico. Su presencia se considera como elemental en cualquier régimen democrático. Desde luego que no basta con una expresión meramente nominal de la existencia de los pesos y contrapesos ideados por Montesquieu y otros gigantes del pensamiento liberal. Todo estado que aspire a tener una organización verdaderamente democrática debe asegurarse que la división y colaboración entre los poderes públicos sea efectiva, sólida y funcional. Por lo mismo, cualquier atentado en contra de dicho régimen debe ser rechazado de inmediato.
Desde hace cinco décadas en nuestro país se ha avanzado en una transición que ha tenido en el centro la confirmación del esquema republicano con equilibrios mutuos de los poderes. Dicha transición no ha sido fácil, ha implicado una denodada gesta ciudadana, que incluso ha costado vidas y muchos sacrificios.
Gracias a esta transición se logró la posibilidad de alternancia en el poder, con los resultados conocidos. Por eso resulta incomprensible que un presidente democráticamente electo ahora busque la demolición del régimen de pesos y contrapesos que, entre otras cosas, consolidó las posibilidades de alternancia en el poder y que hizo posible su arribo.
En ese sentido, resulta incoherente y antirrepublicana la propuesta del ejecutivo, su candidata y su partido de una Reforma al Poder Judicial, anunciada para ser presentada en febrero y que plantea un trastocamiento inopinado, disfuncional e impertinente a la estructura y funcionamiento al poder judicial, en el que se hace evidente la mano del ex-ministro militante. Para lograr la captura y sujeción del Poder Judicial en favor del ejecutivo, se busca promover, amén de la inanición del Poder Judicial, la elección directa de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.
Esta propuesta de iniciativa fue omitida durante la campaña del entonces candidato López Obrador y que de haberse hecho pública en su momento habría supuesto una repulsa y una eventual derrota electoral de Morena.
Ahora, derivado del hecho de que el Poder Judicial ha ejercido con firmeza su papel de tribunal constitucional, de manera insólita se pretende avanzar en una radicalización de una transformación autoritaria del estado mexicano.
Con estricto apego a la Constitución, el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia han anulado actos, normativas y omisiones del ejecutivo cuando no se han ajustado a la norma fundamental, los tratados internacionales o las fuentes amplias de los derechos humanos, o que exceden las facultades conferidas. La independencia del Poder Judicial, aunque molesta para la esfera gubernamental, ha sido esencial para preservar la legalidad y los principios fundamentales que sustentan la democracia.
En particular resulta preocupante observar el recrudecimiento de los ataques contra el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde que asumió la presidencia de la Corte la ministra Piña, con expresiones que nunca se dieron a la figura del ministro militante Zaldívar. El incremento en la hostilidad sugiere una reacción negativa hacia aquellos que defienden la Constitución, lo cual resulta incómodo para un gobierno que se ve señalado por la corrupción, su vena autoritaria y el favorecimiento hacia el hipermilitarismo.
En este sentido, la defensa de la Constitución, aunque el presidente la perciba como un acto incómodo, debe verse como una manifestación vital para asegurar la prevalencia de los derechos humanos de todos, de la igualdad entre las personas, la integridad del sistema judicial y la democracia en nuestro país.
La propuesta de reforma, debilitamiento y sujeción del Poder Judicial debe ser rechazada de origen. Desde luego que lo anterior no implica el buscar siempre mejores maneras de perfeccionar el funcionamiento de las instituciones, que como creaciones humanas siempre son perfectibles. La coyuntura nacional e internacional insta a una reflexión profunda sobre la importancia de preservar la autonomía judicial y su papel crucial en la protección de la legalidad y los derechos fundamentales.
Así como la sociedad cerró filas ante los ataques al INE estamos seguros que en el capítulo del Plan C contra la República, la fuerza de la razón histórica volverá a imponerse.
Coordinador GPPAN y presidente JUCOPO
