En política, como en el derecho, las palabras importan. Pero cuando las leyes y los discursos se contradicen, lo único que vale es el texto aprobado. Por eso, ante la confusión, la polémica, las descalificaciones y las mentiras expresadas por el oficialismo en los últimos días, quiero dejar algo perfectamente claro: SÍ, la nueva legislación aprobada en el periodo extraordinario permite la geolocalización en tiempo real de cualquier persona sin que exista una orden judicial de por medio.
Y como la Presidenta de la República insiste en que eso no es cierto, le hago una propuesta muy concreta: mande una iniciativa que lo deje expresamente establecido en la ley. Que diga, con todas sus letras, que para geolocalizar a una persona se necesita orden de un juez. Ni ambigüedades, ni interpretaciones. Que quede escrito.
Porque mientras eso no ocurra, la mentira no viene de este lado, sino del lado de quienes aprobaron estas reformas.
He dicho que renuncio a la presidencia del PAN si la Presidenta puede demostrar que es falso lo que estamos señalando, y lo sostengo. Porque no estamos hablando de una sospecha, sino de un hecho jurídico comprobable: en el artículo 183 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se obliga a las empresas a entregar la ubicación en tiempo real de los equipos terminales cuando lo pidan las autoridades. Este artículo menciona que la colaboración se dará “en los términos que establezcan las leyes”, pero esas mismas leyes —como la recientemente modificada Ley de la Guardia Nacional— ya no exigen orden judicial previa para hacerlo.
Antes, la fracción XXVI del artículo 9 de esa ley era muy clara: decía que se requería autorización judicial para geolocalizar. Hoy, tras la reforma aprobada por Morena y sus aliados, esa parte fue eliminada. No hay interpretación posible: lo que antes era un requisito, ahora ya no lo es.
Entonces, si de verdad no hay intención de espiar a la ciudadanía, si de verdad quieren proteger la privacidad de las personas, que lo dejen claro por escrito en la ley. Porque en un país como México, donde históricamente se ha abusado del poder para perseguir opositores, periodistas y activistas, lo último que necesitamos es más ambigüedad legal y más discrecionalidad en manos de autoridades sin controles.
Y eso sin mencionar otras señales sumamente preocupantes: como la ley aprobada en Puebla, donde ahora se podrá castigar penalmente a quienes publiquen contenidos “incómodos” para el gobierno. O como la creación de un Registro Nacional de Población que incluye datos biométricos obligatorios —huellas, fotografías, registros de salud, financieros, patrimoniales y de telecomunicaciones— queden vinculados a la CURP, que se convierte en documento de identidad obligatorio. Todo esto sin una cadena clara de responsabilidad, sin control judicial, y sin garantías reales de protección de datos personales.
La geolocalización sin orden judicial, que en 2014 fue limitada por la Suprema Corte por considerarse inconstitucional, ha vuelto por la puerta trasera.
Esta es, ni más ni menos, una regresión peligrosa al modelo de vigilancia masiva que tanto criticamos en el pasado. Y es aún más preocupante porque se ha construido de manera dispersa, fragmentada, pero deliberada. La Ley de Población, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y la propia Ley de la Guardia Nacional, todas juntas, han conformado un nuevo andamiaje legal que pone en riesgo el derecho a la privacidad de millones de mexicanos.
Se trata de una vigilancia que no distingue entre personas inocentes y culpables. Una vigilancia que ya no requiere sospecha fundada ni intervención judicial, y que ahora puede ser ejercida por múltiples autoridades administrativas, desde la Secretaría de Seguridad hasta la Secretaría de Gobernación, pasando por la Guardia Nacional y entes regulatorios en telecomunicaciones.
Desde Acción Nacional lo decimos con toda claridad: no se puede combatir la inseguridad renunciando a la legalidad, ni defender al pueblo violando sus derechos más básicos. La seguridad debe ser efectiva, sí, pero también legítima. Y eso sólo se logra cuando el poder público se sujeta a límites claros, a controles judiciales y a principios constitucionales como la necesidad, la proporcionalidad y la mínima intervención.
Desde Acción Nacional no vamos a ceder. Vamos a exigir que se restituya lo que Morena eliminó: la protección judicial previa para cualquier forma de vigilancia digital.
Y reitero mi reto: si están tan seguros de que no están legalizando el espionaje, entonces demuéstrenlo con hechos. Que la Presidenta mande una iniciativa que lo diga sin rodeos: para pedir la ubicación en tiempo real de una persona, se necesita orden judicial. Punto.
Las libertades no se defienden con conferencias. Se defienden en las leyes. Y hoy, las leyes las están usando para quitárnoslas.
Presidente Nacional del PAN
