La salud pública en México atraviesa una crisis profunda. Lo que durante años fue un sistema en proceso de mejora, con programas e instituciones que funcionaban, como el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI, hoy se encuentra colapsado por decisiones políticas equivocadas. Hace seis años, el gobierno prometió un sistema de salud como el de Dinamarca. Lo que tenemos hoy está más cerca del abandono que de la esperanza.
En cada hospital público del país hay historias de dolor que retratan el fracaso del modelo de Morena: pacientes que mueren esperando una cirugía, madres que recorren farmacias buscando los medicamentos de sus hijos, médicos que hacen guardias sin insumos y hospitales que se inundan o se quedan sin luz porque no hay presupuesto para mantenimiento. Esa es la realidad que viven millones de mexicanas y mexicanos mientras el gobierno, insensible y cínico intenta convencerlos de que todo va bien.
Desde Acción Nacional, hemos sido claros: la salud no puede ser utilizada como botín político. La nueva iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum para reformar la Ley General de Salud no busca fortalecer el sistema; busca apropiarse de los recursos del Fondo de Salud previsto en la Ley General de Salud, un instrumento que se creó precisamente para proteger a las familias frente a enfermedades graves y tratamientos catastróficos como el cáncer, el VIH o los cuidados intensivos neonatales.
Lo que propone Morena es eliminar la obligación de destinar una parte de ese Fondo a esos tratamientos, para poder usarlo en gasto corriente, mantenimiento o lo que decidan desde el escritorio. En otras palabras, quieren quitarle dinero a los enfermos para financiar su ineficiencia. Lo disfrazan de “bienestar”, pero en realidad es una medida que debilita la atención médica, reduce la cobertura y deja sin esperanza a quienes más necesitan del Estado.
El Fondo de Salud no es un ahorro ni una bolsa discrecional; es la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas. Gracias a ese Fondo, familias enteras pudieron solventar tratamientos que de otra manera hubieran sido impagables. Pero hoy, de los 93 mil millones de pesos con los que contaba en 2018, apenas quedan 32 mil millones. No porque se hayan curado más mexicanos, sino porque Morena lo ha ido vaciando para usarlo como caja chica del gobierno.
Esta iniciativa representa una amenaza directa al derecho a la salud. En lugar de fortalecer el sistema, lo destruye desde dentro. Pretende legalizar la opacidad, institucionalizar el desabasto y justificar la irresponsabilidad de BIRMEX, una empresa del Estado que ha demostrado ser incapaz de garantizar el suministro con licitaciones declaradas nulas por sobreprecios y graves irregularidades.
Mientras tanto, el gobierno mantiene una deuda de más de 14 mil millones de pesos con el sector farmacéutico, incluidas empresas mexicanas, a las que asfixia financieramente en lugar de impulsarlas como asegura en su iniciativa. Se castiga a los fabricantes nacionales, se favorece a empresas extranjeras sin experiencia y se impone un modelo de compras centralizadas que ya fracasó. No hay planeación, no hay transparencia y no hay resultados.
El desastre en salud no comenzó ayer. Inició cuando Morena decidió desaparecer el Seguro Popular. Aquella decisión fue presentada como un cambio histórico, pero en realidad fue una catástrofe silenciosa. El Seguro Popular era un esquema imperfecto, sí, pero funcionaba. Permitía que cualquier persona, sin importar su empleo o condición económica, pudiera recibir atención médica. Gracias a ese sistema, millones de familias tenían certeza, protección y dignidad.
Con su eliminación y la creación del INSABI, se destruyó la estructura financiera y operativa que garantizaba la cobertura médica. Lo que vino después fue el caos: un modelo burocrático, sin recursos suficientes, sin planeación y sin resultados. Las cifras son contundentes: entre 2018 y 2024, más de 44 millones de mexicanas y mexicanos se quedaron sin acceso a los servicios de salud.
El deterioro también se refleja en los hospitales. En estados como Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, los hospitales federales operan al 30% de su capacidad, mientras que miles de personas son rechazadas por falta de atención. El colapso del sistema ha obligado a que muchos pacientes migren hacia hospitales estatales o privados, con la consecuente presión financiera sobre las familias.
A ello se suma la farsa de las “Rutas de la Salud” y las “Megafarmacias”, que el gobierno presenta como soluciones, pero que en realidad son montajes mediáticos. Los medicamentos no se reparten en cajas ni se distribuyen como si fueran productos de supermercado. Requieren cadena de frío, control especializado y una logística compleja que este gobierno decidió ignorar.
Desde Acción Nacional hemos defendido una visión distinta: la de un sistema de salud moderno, transparente y humano. En los gobiernos del PAN se demostró que sí se puede combinar eficiencia administrativa con justicia social. Creamos el Seguro Popular, fortalecimos la infraestructura hospitalaria y trabajamos de la mano con médicos, enfermeras y farmacéuticos para ofrecer atención digna a la gente.
Hoy, nuestro compromiso sigue intacto. No vamos a permitir que se juegue con la salud del pueblo mexicano. Vamos a seguir dando la batalla desde el Congreso, desde los estados y desde cada espacio público, para que la atención médica vuelva a ser una prioridad nacional.
Porque la salud no es un lujo. Es un derecho. Y ningún gobierno debería ponerla en riesgo por ambición política o incapacidad administrativa.
México merece un sistema de salud que funcione, que escuche a los pacientes y que respete a los profesionales. Merece hospitales con medicamentos, doctores con condiciones dignas y familias con esperanza. Eso es lo que defendemos en Acción Nacional, y eso es por lo que voy a seguir luchando: por un país donde la vida y la salud estén por encima de los intereses del poder.
Presidente del Partido Acción Nacional
