Lo denunciamos desde el primer momento en que fue planteada por el gobierno morenista de López Obrador y aprobada por el bloque oficialista en la postrimería de su malogrado sexenio, la reforma al Poder Judicial encubría el deseo de venganza en contra de quienes no se rindieron al autoritarismo y frenaron valientemente el retroceso del país. Hoy el tiempo nos dio la razón: fue un error aprobar esta reforma.

El Poder Judicial de México está en peligro. Como lo advertimos, se ha puesto en jaque la independencia de los jueces, magistrados y ministros, convirtiendo lo que debería ser un proceso riguroso y basado en el mérito, en una simple simulación para imponer perfiles afines al gobierno. Este no es un avance, es un retroceso. No es un fortalecimiento de la justicia, es su sometimiento. Lo que estamos viviendo no es una transformación, sino un asalto descarado a la división de poderes, piedra angular de cualquier democracia.

Desde el inicio, esta reforma ha estado plagada de irregularidades. La creación de Comités de Evaluación en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en teoría destinados a seleccionar a los candidatos, terminó siendo un mecanismo para filtrar perfiles favorables al oficialismo y dejar fuera a quienes pudieran representar un verdadero ejercicio de independencia.

A esta burla de la justicia se suma el escandaloso uso de la insaculación o sorteo, para definir las listas de candidatos. Elegir jueces y magistrados con una tómbola es absurdo y ridículo. En ningún país democrático y serio se deja la administración de la justicia a la suerte. Los jueces deben ser seleccionados por su preparación, trayectoria, capacidad e imparcialidad, no por el azar de un sorteo que, además, estuvo controlado desde el inicio por el propio Senado, dominado por Morena. No es coincidencia que la gran mayoría de los nombres que aparecieron en las listas finales tengan vínculos directos con el oficialismo.

El caos institucional es aún más evidente cuando observamos la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ambas instituciones, que deberían ser garantes de un proceso transparente, han demostrado una preocupante sumisión al gobierno. El INE, por ejemplo, exigió al Senado corregir inconsistencias en las listas de candidatos en un plazo de 24 horas, pero, paradójicamente, convocó a una sesión extraordinaria urgente sin esperar el cumplimiento de ese mismo plazo. Luego, sin mayor justificación, pospuso la sesión para esperar la información que él mismo solicitó pero no esperó. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién mueve los hilos de estas decisiones erráticas? La única conclusión lógica es que el proceso está siendo manipulado desde las más altas esferas del poder.

Lo que Morena está construyendo es un Poder Judicial a su medida. Un sistema donde los jueces no impartan justicia, sino que sigan órdenes. Un tribunal que no garantice el respeto a la ley, sino que proteja los intereses del gobierno. Esto significa el fin de la imparcialidad, el inicio de una etapa en la que los ciudadanos quedarán indefensos ante los abusos del poder, especialmente los más desposeídos.

Las consecuencias de este desastre serán devastadoras. Sin jueces independientes, los casos de corrupción del gobierno quedarán impunes, el crimen organizado tendrá jueces y magistrados a modo y las víctimas de abuso de poder no tendrán a quién acudir. Las inversiones extranjeras se desplomarán, porque ningún empresario querrá operar en un país donde la ley se aplique de forma discrecional. Nos encaminamos a un modelo similar al de Venezuela o Nicaragua, donde los jueces no imparten justicia, sino que sirven como instrumentos de persecución política.

Desde el PAN y la oposición, hemos insistido en la necesidad de una reforma judicial real, basada en la meritocracia y en la independencia de los jueces. Pero Morena nunca tuvo interés en mejorar la justicia, solo en controlarla. La suya no es una reforma, es un golpe de Estado disfrazado de modernización.

No nos vamos a quedar callados. Somos la resistencia activa que defenderá la democracia frente a este atropello. Exigimos que Morena saque las manos de la elección de jueces y magistrados. El Poder Judicial no puede convertirse en una oficina más del gobierno. México merece jueces independientes, no empleados del régimen. México merece justicia real, no una simulación electoral.

Si permitimos que este fraude se consume, la democracia mexicana estará condenada. Hoy es el momento de luchar, de alzar la voz, de frenar este atentado contra la justicia. Sin jueces imparciales, no hay justicia. Sin justicia, no hay derechos. Sin derechos, no hay libertad. Y sin libertad, no hay futuro para México.

Presidente del Partido Acción Nacional

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